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El Banco Mundial clasifica al Perú como un país de ingresos medios altos. Para continuar el crecimiento económico y promover una sociedad más equitativa, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, el país debe invertir en el desarrollo de nuevos sectores productivos y en la implementación de nueva infraestructura.
El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – PNIC, sostiene que en el Perú el desarrollo de infraestructura está retrasado en relación con pares regionales y países de la OCDE. El Foro Económico Mundial ubica al país en el puesto 88 de 141 países en el Indicador de Calidad de Infraestructura del Índice de Competitividad Global 2019, lo que representa un retroceso de 3 posiciones en relación con el informe del 2018, impactando a su vez en el índice de Competitividad Global donde se retrocedió dos posiciones pasando del puesto 63 al 65 del ranking mundial.
De acuerdo con el PNIC, hasta el 2024, se debe invertir 117 mil 183 millones de soles para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería tener un país con nuestras características socioeconómicas y geográficas. Cabe precisar que para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de países más desarrollados como los de la OCDE, la brecha de infraestructura para los próximos 20 años es de 363 mil 452 millones de soles. Las mayores brechas están en infraestructura de transportes, saneamiento, salud y telecomunicaciones.
Queda claro que el Perú necesita avanzar con celeridad en la construcción de infraestructura que permita cerrar las brechas existentes y mejorar su competitividad; para construir, se requiere previamente la contratación de estudios y/o ejecución de obras.
El marco normativo vigente en nuestro país prevé la contratación de estudios y/o ejecución de obras mediante mecanismos de contratación pública, asociaciones público-privadas, obras por impuestos, núcleos ejecutores y contratos de estado a estado.
La contratación pública es burocrática e impredecible, se conoce el inicio de los procesos de selección y no cuando concluirán; deficiencias de gestión y sucesivas impugnaciones generan demasiados retrasos. Suscritos los contratos, la gestión es crítica por la rigidez normativa que no permite llegar acuerdos entre la entidad y el contratista, generando paralizaciones y por lo tanto incumplimiento de los plazos contractuales, sin saber cuándo concluirán las obras.
Los procesos de adjudicación de asociaciones público-privadas son al igual que la contratación pública impredecibles, burocráticos y centrados en las características técnicas de la infraestructura y no en los servicios públicos. Una vez presentada la iniciativa privada o estatal, la adjudicación tarda no menos de 6 años. La gestión de los contratos de concesión y la ejecución de las obras también son largas y tediosas, suscribir adendas de perfeccionamiento contractual requiere opiniones de distintas entidades del estado lo que demora su aprobación paralizando las obras.
Respecto al mecanismo de obras por impuestos, si bien es muy eficiente, por su naturaleza no es posible aplicarse en obras de gran envergadura. Por otro lado, los núcleos ejecutores son aplicables sólo a pequeñas obras y en zonas rurales alejadas.
Mientras que, los contratos de estado a estado, son la mejor alternativa para la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura y complejidad, necesarias en nuestro país, tal como lo señalamos líneas arriba. Bajo esta modalidad, el estado peruano contrata a otro estado para que mediante una oficina de gestión de proyectos brinde asistencia técnica, sobre todo en los procesos de procura y gestión contractual de los contratos para la formulación de estudios, ejecución y supervisión de obras de infraestructura.
La selección y contratación del estado que brindará la asistencia técnica se realiza siguiendo el procedimiento regulado en la disposición complementaria final Vigésimo Primera de la Ley de Contrataciones del Estado. Este proceso no dura más de seis meses.
Es importante destacar que la fortaleza de los contratos de estado a estado, radica en su flexibilidad, pues permite la aplicación de las mejores prácticas internacionales en los procesos de procura y en la gestión de contratos, permitiendo la participación de consultores y ejecutores de gran solvencia técnica y económica en plazos razonables (en promedio 6 meses) y consecuentemente garantiza la calidad técnica de las obras y el cumplimiento de los plazos de ejecución.
Las mejores prácticas internacionales reducen la corrupción. La transparencia y libre competencia de los procesos de procura, así como los contratos estandarizados y su eficiente gestión aseguran los mejores costos para el estado peruano.
La construcción de la infraestructura para los Juegos Panamericanos 2020 así lo demuestra y confirma las bondades de este mecanismo. Igualmente, en el aeropuerto internacional Chinchero del Cusco tras la suscripción del contrato de asistencia técnica con Corea, celebrado el 24 de octubre del 2019, permitió que este 12 de abril se inicien las obras en menos de un año y medio, lo que no sería posible si se hubiera optado por otro mecanismo de contratación, más aún si se considera que desde marzo del 2020 vivimos las restricciones por la pandemia.
Construir obras de regulación en los ríos de la costa, el drenaje pluvial de las ciudades afectadas por el Niño Costero, la construcción de algunos hospitales y la nueva carretera central vía contratos de estado a estado es acertada; sin embargo, no encuentro razones para que la ejecución de obras de infraestructura de gran importancia para el país como las líneas 3 y 4 del metro de Lima por esta modalidad hayan sido paralizadas. El presente gobierno debe retomar y continuar el proceso.
