Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
Recuerdo cuando se construyó la carretera Libertadores-Wari. De hecho, me tocó recorrerla y disfrutar de sus paisajes maravillosos, en una carretera perfectamente asfaltada. Hoy, parece dinamitada.
También recuerdo bien los cientos de millones que gastó el INFES en la construcción de nuevos locales escolares en los años 90. Hoy, la mitad de la infraestructura educativa se encuentra en condiciones ruinosas.
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Hay anuncios pomposos de obras públicas (y ahora también a través de acuerdos Gobierno a Gobierno), que se construyen con grandes cifras de inversión y a cuyas inauguraciones asisten autoridades para cortar cintas y recolectar adhesiones políticas, pero que luego no reciben recursos para su operación y mantenimiento. Así, la inversión realizada se va deteriorando y finalmente se pierde. Se estima que reconstruir una carretera que no ha sido mantenida adecuadamente cuesta siete veces lo que demanda construirla y mantenerla en buen estado. Algo similar ocurre con otras infraestructuras.
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Uno se pregunta por qué sucede esto y cómo salir de esta penosa situación. Primero, es políticamente rentable construir e inaugurar. Mantener y operar es poco atractivo, no genera simpatías y consume recursos que podrían canalizarse a otros fines más “populares”.
Segundo, la inexistencia de partidos políticos hace que el costo de la falta de previsión lo asuma un tercero. Si existieran partidos políticos, el beneficio sería institucional, no personal, lo que ayudaría a darle continuidad y una visión a mediano y largo plazo a las decisiones sobre cómo utilizar los recursos públicos.
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Soluciones hay. Optar por esquemas de asociaciones público-privadas garantiza la construcción, el mantenimiento y la operación con estándares de calidad. Además, convoca inversión privada, facilitando la aceleración de programas para cerrar brechas. El furor por los G2G es irresponsable fiscalmente y no nos ofrece seguridad del cuidado futuro de lo invertido.
También se podría entregar en concesión la operación y el mantenimiento de las inversiones ya realizadas en activos que han consumido muchos recursos públicos, como las escuelas del Bicentenario, o las realizadas por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ahora ANIN), o los miles de kilómetros de carreteras y puentes construidos por Provías. Son billones invertidos en infraestructuras que no tienen ninguna garantía de cumplir su ciclo de vida, ya que no cuentan con recursos garantizados para su mantenimiento. Algo se mencionó en ProInversión sobre avanzar con este tipo de procesos, pero aún no hay nada concreto.
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Somos un país con infinitas necesidades de infraestructura y con recursos y capacidades de gestión muy limitados para cerrar estas brechas. Tenemos que empezar a ser más conscientes de en qué invertimos, cómo mantenemos esas inversiones y cómo garantizamos que los servicios lleguen efectivamente a la gente.
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