Escribe: Mariluz Santana García, gerente general de Empresarios por la Integridad
Las empresas en el Perú enfrentan un riesgo poco visible pero crítico: la posibilidad de vincularse, indirectamente, con economías ilegales como la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal o el narcotráfico. Este riesgo no se limita a evitar actos ilícitos desde dentro de la organización, sino que exige gestionar también la exposición que representan socios, proveedores o clientes que puedan estar involucrados en estas actividades, directa o indirectamente.
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Un estudio del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, encargado por Empresarios por la Integridad, identificó el peso económico y social de estas economías ilegales en el país. Las cifras muestran cadenas de suministro amplias, montos millonarios en circulación y una fuerte presencia en diversas regiones. No hablamos de fenómenos marginales, sino de actividades que distorsionan mercados, generan violencia y afectan el Estado de derecho. Frente a este panorama, el reto empresarial ya no es solo cumplir normas o atender las exigencias mínimas de la Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica en el Proceso Penal, sino prevenir activamente cualquier vínculo –aunque sea indirecto– con estas redes ilícitas.
Las empresas en el Perú enfrentan un riesgo poco visible pero crítico: la posibilidad de vincularse, indirectamente, con economías ilegales como la minería ilegal.
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¿Cómo hacerlo? La respuesta pasa por mecanismos claros y prácticos. Uno de ellos es la capacitación y sensibilización no solo de los equipos internos, sino también de proveedores y clientes. Entender el tamaño del problema y los sectores más vulnerables permite anticipar riesgos y fortalecer la cultura de integridad. A ello debe sumarse un proceso estructurado de identificación y evaluación de riesgos.
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La debida diligencia exhaustiva es otro pilar fundamental. Conocer a fondo a quienes forman parte de la cadena de valor –su historial, relaciones comerciales, prácticas y antecedentes– permite tomar decisiones informadas y elevar los estándares de selección de proveedores y socios. Asimismo, se requiere un monitoreo continuo, ya que una evaluación inicial no basta en entornos dinámicos donde los perfiles de riesgo cambian con rapidez.
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La prevención también demanda colaboración multisectorial. Establecer alianzas con entidades como la UIF e impulsar el intercambio de información ayuda a detectar patrones, anticipar amenazas y diseñar estrategias conjuntas. La transparencia, en este sentido, es el mejor blindaje: conocer el origen de los insumos, exigir rendición de cuentas y promover auditorías efectivas son pasos que reducen la posibilidad de infiltración del crimen organizado.
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Es indispensable integrar de forma explícita el riesgo de vinculación indirecta con economías ilegales. Las empresas, especialmente las grandes, deben convertirse en referentes que promuevan estándares más altos a lo largo de sus cadenas de valor. Este compromiso no solo fortalece la cultura de integridad, sino que contribuye a generar un entorno empresarial sostenible, ético y confiable para inversionistas y clientes.
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El desafío es ineludible. El sector privado peruano debe asumirlo como un deber que trasciende la protección de la reputación corporativa. Blindar la cadena de valor es una tarea que protege la economía formal, reduce riesgos de infiltración criminal y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho. La integridad empresarial, en este sentido, no es una opción: es la única vía para construir un país con instituciones sólidas, empresas sostenibles y una sociedad capaz de resistir la amenaza permanente de las economías ilegales.
