Por Fernando Soto, Economista Senior de BBVA Research para España
La Comisión Europea comenzará un nuevo año con mucho trabajo por delante, y más concretamente en su batalla para impulsar y emparejar las reglas de juego en el sector digital. Para lograr avances, son dos los aspectos claves que requieren, más allá de consenso, un esfuerzo de coordinación entre diversos intereses y disciplinas.
Primero, es necesario seguir ampliando y profundizando la regulación de datos, ya que aún existen territorios sin ley, por ejemplo, en la definición de propiedad de datos no personales. La regulación para la protección de datos personales (conocida como GDPR) es un logro importante para la correcta definición de derechos de propiedad y, por supuesto, para la protección de la privacidad. Pero es mejorable, más aún si se quiere un entorno que garantice el desarrollo del sector digital europeo.
Un espacio para potenciales mejoras, que permite reducir las barreras de acceso a datos a competidores, es mejorar el estándar que facilita la portabilidad de datos personales. Hoy, por ejemplo, esta se podría realizar a través de un formato de documento portátil (PDF), así como en otros (fichero). Una persona que quisiera trasladar su historial de datos desde una empresa a otra aún tiene limitaciones, mientras que las empresas competidoras se enfrentan a mayores costes al no existir un sistema estandarizado para la portabilidad y procesamiento de esos datos. Estas limitaciones no incentivan el traspaso de datos, y a su vez, el acceso a ellos por parte de empresas competidoras. Es más, podrían restringir los esfuerzos de innovación y la contestabilidad de los mercados.
Con los debidos resguardos en términos de seguridad, la estandarización de la portabilidad de datos personales -desde la calidad, el formato, la frecuencia y la forma de transmisión y seguridad-, es una solución tecnológicamente factible y podría facilitar la disponibilidad de estos a potenciales competidores de una industria o sector. Por ejemplo, para los usuarios del sector bancario ya existe una normativa que se hace cargo de este cuello de botella en el traspaso de datos de usuarios (directiva PSD2). De momento, anticipan resultados prometedores para la innovación.
En términos de seguridad, si bien la directiva es clara en la responsabilidad que recae sobre los controladores de los datos, aún es necesario buscar fórmulas eficaces de fiscalización, sobre todo desde el punto de vista de cómo las empresas obtienen los datos. No son pocas las empresas que suelen forzar a los usuarios a dar consentimiento para ceder el uso de los mismos. Aquellos usuarios que se nieguen a ceder sus datos, se les restringe el acceso a plataformas o a servicios digitales. Este tipo de prácticas, que suelen aprovechar las debilidades psicológicas o cognitivas de los individuos, puede llevarnos a unos resultados socialmente no deseados.
El segundo aspecto clave es la ley de competencia. Aquí, lo importante es diferenciar las normas antimonopolios y de control de fusiones y adquisiciones, respecto de la regulación de sectores específicos. En este contexto, cabe el riesgo de caer en criterios discrecionales difíciles de sostener en el tiempo. Definir criterios sectoriales en la aplicabilidad de la ley de competencia –como umbrales de dominancia o el cambio en el peso de la prueba diferenciados por sector- pueden desmoronarse fácilmente. ¿Por qué la ley se aplica con un criterio distinto para un sector respecto de otro? En este contexto parece una mejor alternativa establecer una regulación específica al sector que corrija los problemas de competencia propios de los mercados digitales. Este ha sido el caso de muchas industrias de naturaleza similares, como el sector portuario o aeroportuario, redes de telecomunicaciones, distribución de electricidad, agua o gas. Por ejemplo, los esfuerzos para la regulación de plataformas digitales han ido en esta dirección.
Los desafíos para el desarrollo del sector digital están en varios frentes, y para las autoridades los esfuerzos de coordinación serán exigentes. Las claves están en dos aspectos, la regulación de los datos y cómo permitir un acceso justo y oportuno a ellos por parte de empresas competidoras. Y segundo, cómo la ley de competencia facilita la entrada de nuevos competidores digitales a los mercados. Es, sin duda, una gran oportunidad para que Europa lidere un desarrollo sano del sector digital.
