Escribe: César Puntriano, socio del Estudio Muñiz.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la producción nacional en abril registró un aumento de 5.28 %, la cifra más alta en 30 meses. Lamentablemente el sector turismo aún no logra recuperarse. Los especialistas sostienen que la cifra se ha visto favorecida porque el feriado por Semana Santa impactó en marzo y además, a diferencia del año pasado, el Niño costero no ha golpeado tan intensamente al sector pesquero y agropecuario.
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En lo que a empleo se refiere, según el Banco Central de Reserva (BCR), en el mes de abril el empleo formal total a nivel nacional creció 3 % interanual, con lo cual se añadieron 175,000 puestos de trabajo respecto a abril del 2023. Los puestos de trabajo formales del sector privado aumentaron 2.9 % respecto a abril del 2023, debido principalmente al mayor empleo en el sector servicios.
El crecimiento del PBI y por ende del empleo formal es, sin duda, alentador, pero no debemos caer en triunfalismos pues lo que se quiere es que este sea sostenible en el tiempo, para lo cual deben emitirse medidas que promuevan la inversión privada, principal motor de dicho crecimiento, y también, desde luego, fortalezcan a la administración pública, a través de acciones concretas que respalden a la meritocracia. A partir de ello contaremos con técnicos suficientemente capacitados que ayuden en el destrabe de inversiones, y agilicen procedimientos administrativos que, por su excesiva complejidad, desalientan al inversionista más entusiasta. Esta es una tarea pendiente de este Gobierno y de los anteriores.
El Congreso lamentablemente no aporta al crecimiento del país pues las leyes y proyectos en materia laboral que se aprueban dejan mucho que desear en el aspecto técnico. El sábado 15 de junio culminó la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 teniendo un balance en lo laboral y previsional negativo, pues los proyectos de leyes evidencian la ausencia de criterios técnicos en su elaboración.
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Así, en esta legislatura que acaba de culminar, el Pleno del Congreso aprobó un séptimo retiro de las cuentas individuales que los trabajadores formales poseen en las AFP de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 20,600) alegando que dicha medida reactivaría la economía, beneficiando económicamente a los afiliados. Esta visión es técnicamente errada pues el objetivo de los fondos previsionales es justamente financiar una pensión de jubilación cuando el afiliado afronte la contingencia de la vejez y por ende ya no perciba una remuneración por su trabajo. La medida, sin duda, desnaturaliza la finalidad del ahorro previsional. Este proyecto aprobado vio la luz a través de la Ley No. 32002.
Otra medida populista, pero con efectos negativos a largo plazo, fue la aprobación por parte de los congresistas del retiro del 100% de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de este año. Esta decisión congresal, motivada en la equivocada idea que se beneficiaría a los trabajadores al otorgarles mayor liquidez ha implicado darle el tiro de gracia a la finalidad previsional de dicho beneficio, que no es otra cosa que servir de seguro de desempleo. Lamentablemente no es la primera vez que se echa mano del fondo de la CTS con la pretensión de inyectar liquidez a los trabajadores y a la economía, habiéndose aprobado una medida similar durante los años 2021 a 2023. La iniciativa parlamentaria vio la luz a través de la Ley No. 32027.
Otro proyecto, que se aprobó inclusive por insistencia, es decir, pese a haber sido observado por el Poder Ejecutivo por su impacto presupuestal, es el que autoriza el nombramiento progresivo del personal administrativo del Minsa, sus organismos públicos y gobiernos regionales comprendidos en el régimen Contratación Administrativa de Servicios (CAS). La norma (Ley No. 32059) autoriza de manera excepcional y por única vez el nombramiento del personal de salud que desarrolla labores de tipo asistencial en el sector, sujetos a dicho régimen laboral especial.
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Pero eso no es todo, la Comisión de Trabajo aprobó un polémico dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil y el decreto legislativo que creó a la Autoridad del Servicio Civil (Servir), buscando unificar los regímenes laborales del sector público. Esta iniciativa, antitécnica, afectará a la meritocracia como mecanismo de acceso a la función pública, y además es innecesaria pues el régimen existente contempla la unificación de los regímenes laborales en el Estado. No existe justificación objetiva para eliminar un sistema que funciona adecuadamente pese a no contar con el apoyo político suficiente.
Adicionalmente, en esta legislatura se aprobó el proyecto de modernización del sistema previsional peruano. Si bien es positivo haber dado un paso en la esperada reforma del sistema pensionario nacional, existen temas técnicos que deberían afinarse como el aporte obligatorio para trabajadores independientes, que en el pasado fracasó, la pensión por consumo, entre otros aspectos.
El saldo de la primera legislatura en materia laboral y previsional es negativo en el aspecto técnico. Ojalá que la próxima legislatura traiga alguna mejora.
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