La expresión “baja policía” suele utilizarse en nuestro país para referirse a quienes realizan labores de limpieza y cuidado del orden de los espacios públicos. Acciones que, coincidentemente, hoy más bien urge implementar, más que en espacios públicos, al interior de la “alta policía” –aquella que se dedica al mantenimiento del orden y seguridad al interior del país–, para así ‘limpiarla’ de sus malos elementos y contrarrestar el caos y malas prácticas instaladas que hoy dominan buena parte de la institución.
Es evidente que, como en toda institución que tambalea por la conjunción de varios problemas estructurales, afirmar todo esto no busca sugerir que todos y cada uno de los policías actuales sean parte del problema. Pero es igual de evidente que los policías profesionales y honestos, esos que se deben siempre al país y combaten todo tipo de corrupción en cada espacio en el que tienen influencia, no están logrando frenar las acciones y el poder de un sector preocupantemente amplio de malos elementos. De policías no solo corruptos, sino directamente asociados con el crimen organizado.
El jueves pasado, por ejemplo, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada - Equipo 3 y la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirincri realizaron un operativo en el norte de Lima. Fruto de ello capturaron a 13 presuntos integrantes de una organización criminal, dos de los cuáles eran policías. E igual que este, cada semana escuchamos de nuevos casos similares de policías involucrados con criminales.
Existen, por supuesto, varios problemas más. Más del 40% de la flota vehicular de la policía en Lima Metropolitana se encuentra inoperativa, según reportó El Comercio la semana pasada. Y si bien sus salarios mejoraron durante el Gobierno de Ollanta Humala, en varios casos estos siguen siendo relativamente bajos.
Es difícil pensar que nuestro país vaya a ser capaz de retomar con éxito la lucha contra el crimen organizado si no se realiza pronto una profunda reforma de la policía, que atienda estos y otros problemas. Que separe a los malos elementos y empodere y de mejores condiciones a los policías honestos y trabajadores.
Dicho esto, más difícil aún es pensar que dicha reforma pueda llegar bajo el liderazgo de un ministro del Interior como Juan José Santivañez, quien no solo ha demostrado su incompetencia en más de una ocasión –confundiendo porcentajes o acusando falsamente de terrorista a un homónimo del verdadero terrorista–, sino que ha priorizado permanentemente sus objetivos políticos personales antes que al país. Prueba de ello es que hasta el momento no solo no ha propuesto ninguna reforma seria, sino que ni siquiera es capaz de reconocer los errores que ha cometido.
Lo mejor para el país, está claro, sería que Santivañez renuncie.
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