Augusto Baertl: Que Dios nos cuide, gobierno comete un claro atentado al marco legal

Presidente del Directorio de Agrícola Chapi

Como empresario minero que he trabajado en este apasionante sector por más de 50 años rechazo tajantemente la posición del gobierno, quien anunció arbitrariamente el cierre de 4 operaciones mineras en la región de Ayacucho.

Es muy lamentable que el presidente de la República Pedro Castillo no solo no apoye a la inversión privada, sino que la boicotee y le mienta descaradamente al país. Y es que me resulta altamente improbable que los técnicos que lo asesoran no sepan diferenciar entre lo que es un Plan de Cierre de Mina con lo que significa la paralización efectiva de una operación minera.

Hace solo unos cuantos días el presidente Pedro Castillo en CADE aseguró que su gobierno garantiza el respeto al marco legal vigente, invitando a que sigamos invirtiendo.

Luego, la premier Mirtha Vásquez va a Ayacucho y en una reunión, previamente organizada por el gobierno, por un lado, conviene con algunos representantes locales el cierre de 4 operaciones mineras, y por otro, justifica los actos violentos perpetrados recientemente contra las instalaciones de la minera Apumayo, la que sufriera la quema de sus instalaciones y el robo de maquinarias y explosivos recientemente. Este acto violento lo justificó como una expresión de protesta válida.

Se intenta respaldar este acuerdo con que los planes de cierre contemplados en el plan de operaciones inicial consideraban fechas perentorias. Todo proyecto minero, al inicio de sus operaciones, cuenta con un estimado -a esa fecha- de reservas, y por lo tanto una vida útil estimada de “x” años, la cual se va ampliando conforme se logra incrementar las reservas, gracias a la labor exploratoria que se continúa realizando en paralelo a la producción. Es claro que el plan inicial postula una fecha de cierre que resulta de un cálculo técnico y no de una decisión política, como lo está intentando ejecutar el gobierno.

Hoy en conferencia de prensa los titulares de las empresas mineras involucradas han reiterado que sus operaciones cuentan con las licencias y permisos para continuar operando, que en ningún momento han sido notificados, y que cuentan con las reservas que les permiten continuar con su ejecución.

Claramente el gobierno intenta confundir a la población para justificar una decisión política de cerrar operaciones mineras ubicadas en “cabeceras de cuenca”, cuando hoy la minería cuenta con la tecnología necesaria para operar sin dañar el recurso hídrico.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Este lamentable gesto es un claro atentado al marco legal vigente y a la libertad de empresa en el país.

¡Basta ya de maltratar al empresariado formal, que genera empleo y paga impuestos! Dedíquense más bien a reducir la minería informal que contamina, no genera empleos dignos y no es regulada por ningún tipo de norma, ni de ley.

Como siempre lo he manifestado, sin diálogo no se logra nada. Pero los que han actuado arbitrariamente, pateando el tablero del diálogo, y de manera totalmente irresponsable ha sido el gobierno. Con esta irresponsable decisión se va a dejar sin empleo a miles de personas y a la vez causa un terrible precedente en el país: con violencia se logra todo. El daño ya está hecho señor presidente.

Dios nos cuide.