Las tribulaciones financieras que padecen las empresas concesionarias de los corredores complementarios son muestra del pésimo manejo del transporte público en Lima Metropolitana y de la deficiente implementación de su “reforma”, y tienen su origen en las discrepancias de interpretación de los contratos de concesión entre ellas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El momento álgido fue el 4 de marzo, cuando el Corredor Morado paralizó su servicio, aunque solo por dos días pues el MTC reaccionó y se reunió con las concesionarias de los tres corredores operativos –Azul, Morado y Rojo, porque el Amarillo suspendió su servicio en abril pasado y no hay fecha para su reanudación–.
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Entre los acuerdos alcanzados figura la elaboración de un proyecto de ley que configure un marco normativo para las compensaciones que el Estado deba reconocer y pagar, que según estas empresas asciende a S/ 300 millones. Se fijó un plazo de dos semanas para elaborar el proyecto, pero no se han tenido noticias del mismo. Además, habrá que ver si el Congreso acogerá de buena gana una iniciativa que perjudicaría a los transportistas informales, con los que –aparentemente– mantiene muy buenas relaciones, pese a que no suelen cumplir con ninguna obligación asociada con su negocio como pagar impuestos, respetar las reglas de tránsito o las de mantenimiento de sus unidades.
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Dicho monto correspondería a las pérdidas en que han incurrido las concesionarias de los corredores. Si bien el servicio de transporte público en grandes ciudades no es económicamente rentable –en general, funciona con subsidios gubernamentales–, el caso de los corredores, y también del Metropolitano, se agravó porque han estado operando de manera parcial. Es que las autoridades no cumplieron partes relevantes de los contratos, como establecer rutas troncales y alimentadoras, ni liberar rutas; por ejemplo la Av. Arequipa es una pesadilla de taxis colectivos y la Av. Javier Prado está infestada de buses y combis informales. En el caso del Metropolitano, tuvieron que pasar casi 15 años para que su ruta esté completa, aunque todavía no se encuentra completamente operativa.
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¿Se solucionará el problema? El MTC busca para los corredores un esquema de transferencias estatales para cubrir costos operativos, similar al de las líneas 1 y 2 del Metro. Si el Gobierno gasta miles de millones de soles en consultorías, podría ser más productivo destinar parte de esos recursos a mejorar el transporte limeño.
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