Escribe: Martin Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú.
Recientemente, hemos visto que hemos vuelto a retroceder en nuestro camino hacia el desarrollo: ahora tenemos 29% de compatriotas en situación de pobreza, la pobreza urbana es la que más ha crecido y, con las tasas actuales de crecimiento, nos tomará veinte años volver a los niveles de pobreza del 2019. Es cierto que hemos enfrentado una pandemia, fenómenos climáticos adversos, una volatilidad política sin precedentes y una situación internacional difícil. Sin embargo, también es evidente que necesitamos mejorar la promoción de la inversión privada. Esto requiere un fortalecimiento de nuestras capacidades estatales y una mejora en la calidad regulatoria para garantizar un entorno favorable que fomente la inversión privada y el crecimiento económico.
En la última CADE, Waldo Mendoza, exministro de Economía, reseñando los trabajos de Lant Princhett, de la Escuela de Gobierno de Oxford, mostró que el crecimiento es condición necesaria y suficiente para reducir la pobreza, que no hay país que haya crecido sin reducirla y que no hay reducción de la pobreza sin crecimiento.
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El crecimiento económico sostenido es inequívocamente el arma más poderosa en la lucha contra la pobreza. El crecimiento la reduce porque genera más empleos, más ingresos, más tributos, más oportunidades y mejores programas sociales, para que más familias salgan adelante. En el registro histórico global, un crecimiento económico importante va siempre de la mano de reducciones importantes en la pobreza. Como resulta obvio, la creación de riqueza es el camino para reducir la pobreza.
Ahora, así como para reducir la pobreza necesitamos crecer, para crecer necesitamos que crezca la inversión privada: a mayor inversión privada mayor crecimiento y, consecuentemente, mayor reducción de la pobreza. Entonces, ¿de qué depende que crezca la inversión privada? El crecimiento de esta variable depende principalmente de que tengamos seguridad jurídica, solidez macroeconómica, un Estado capaz, eficiente y honesto, y mercados competitivos.
La seguridad jurídica está intrínsecamente relacionada con la calidad regulatoria. Es crítico cuidarnos de regulaciones que generen desconfianza. Para reducir la pobreza es importante cuidarnos del populismo que, en nuestra historia y en toda la evidencia global, muestra que tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico y, por lo tanto, conduce a mayores niveles de pobreza. Las modificaciones que se hagan en la institucionalidad económica tienen que ser bien pensadas, estudiadas y reflexionadas, tomando en cuenta la opinión de las instituciones especializadas como el MEF, el BCR y la SBS, desoídas frecuentemente en la experiencia reciente. Asimismo, deben tomarse en cuenta la constitucionalidad de las medidas y todos los costos y beneficios, directos e indirectos, que se generen en toda la sociedad, en el corto y en el largo plazo.
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En este sentido, la legislación que emana de nuestro Congreso puede beneficiarse enormemente de una mirada sistémica. Es evidente, por ejemplo, que hay mucho valor en destrabar y en simplificar los procesos de autorizaciones burocráticas que en este momento detienen los proyectos de inversión, desde pequeños proyectos hasta megaproyectos. Igualmente, es evidente también que hay un deterioro importante cuando no se toman en cuenta las opiniones de las autoridades especializadas. La reducción en nuestra calificación crediticia soberana es quizá el deterioro más visible.
Nuestra solidez macroeconómica depende de instituciones clave como el rol subsidiario del Estado, la prohibición de tratamientos discriminatorios, la libertad de asignación de recursos y, especialmente, el de la libertad de precios que juegan un rol fundamental en los procesos de inversión. Estos principios en favor de la competencia y de la economía de mercado tienen que ser acompañados por un Estado capaz, eficiente y honesto que ejecute bien el gasto público y los programas sociales, y por autoridades rectoras fuertes, autónomas y altamente especializadas. Efectivamente, nuestras autoridades, como es el caso del MEF, el BCR o la SBS, están en plena capacidad de velar por la estabilidad y nuestra solidez macroeconómica. Con mucha dificultad podemos decir lo mismo de otras instituciones del Estado peruano.
Por otro lado, los mercados competitivos son también fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza. El argumento más evidente tiene que ver con el uso eficiente de los recursos y con los beneficios que de esa eficiencia se derivan para los consumidores. No obstante, desde una perspectiva de largo plazo, quizá el efecto más importante tenga que ver con la presión que la competencia impone sobre la necesidad de innovar. La innovación y el cambio tecnológico impulsan la inversión y el crecimiento y, por ende, la reducción de la pobreza. La innovación que crea nuevos mercados es la que mayores efectos tiene sobre la reducción de la pobreza. Por ejemplo, las billeteras digitales están creando nuevos mercados y proporcionando mayor eficiencia y seguridad transaccional a 17 millones de peruanos.
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Como vemos, existen ciertos consensos básicos que señalan la ruta para combatir eficazmente la pobreza y conducir a nuestro país al desarrollo. A pesar de los retrocesos actuales, nuestras fortalezas están todavía presentes en la solidez de la macroeconomía del país y en el empuje de nuestra cultura. Es cuestión de desandar errores y de retomar los principios que nos permitan invertir, crecer y reducir la pobreza.
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