Nadie podrá decir que la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles a bienes peruanos vendidos a Estados Unidos fue una sorpresa. El Gobierno de Dina Boluarte no tomó con seriedad ese riesgo y, ahora, está ensayando excusas pueriles para justificar su falta de prevención. El argumento más mentado es que la tasa de 10% aplicada al Perú es la más baja, aunque se está ignorando, suponemos que inadvertidamente, que alterará los planes de negocios de las empresas locales que exportan a Estados Unidos.
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Es que los bienes afectados con el arancel se encarecerán en el mercado estadounidense y tendrían que competir con productos fabricados allá que, si bien no son sustitutos perfectos, podrían ganar aceptación de los consumidores ya que estos se verán obligados a reemplazar bienes importados onerosos por bienes locales relativamente baratos. En suma, los productos peruanos sí perderán competitividad, pero no en el mercado internacional –porque Trump ha aplicado aranceles a casi todo los países– sino en el mercado de destino. Y para mitigar ese perjuicio, las empresas exportadoras se verían obligadas a ajustar sus costos, quizás sacrificando márgenes de ganancia o reduciendo personal, o ambos.
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El objetivo de Trump y sus desorientados asesores es impulsar la manufactura estadounidense. Su razonamiento es que los aranceles impulsarán la producción local. Se trata, más o menos, del renacer del concepto de “industrialización por sustitución de importaciones”, que estuvo muy en boga en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, y que acabó en un fracaso rotundo. Es que el proteccionismo no es la receta mágica para industrializar (o reindustrializar) una economía, pues elimina el mayor incentivo para innovar y elevar la productividad: la competencia.
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La respuesta del Gobierno peruano, aparte de intentar serenar a la opinión pública con declaraciones poco tranquilizadoras, ha sido pedir “explicaciones amistosas” a través de nuestra embajada en Washington. El Mincetur, cuya titular soslayó el riesgo de aranceles hace dos meses, ha informado que trabaja “de manera articulada” con otros ministerios para evaluar medidas y “plantear estrategias”. El problema es que el Perú no está en condiciones de plantarle cara a Trump, como lo han hecho Canadá y México, ni el peso económico para tomar represalias, como China o la Unión Europea. La poca capacidad de reacción en el Perú se refleja en que, pasados dos días de anunciada la medida, que entrará en vigor mañana (una fecha nefasta para el país), aún no termina el recuento de los daños.
