Escribe: Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú
“El día de la liberación” llegó. Donald Trump anunció la aplicación de sus tan promocionados “aranceles recíprocos”. Estos se sustentarían en un análisis interno de la Casa Blanca, el cual sostiene que existen barreras arancelarias y no arancelarias que estarían obstruyendo el comercio de productos norteamericanos, encareciéndolos en sus mercados de exportación.
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Con esta medida, pretende corregir los déficits comerciales que mantiene con diversos mercados en el mundo, así como promover inversiones hacia los Estados Unidos. Su objetivo sería reactivar la industria manufacturera norteamericana, que apenas representa el 9.9% de su PBI, cuando en los años cincuenta era, al menos, de 30%.
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Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos respondieron con medidas arancelarias, a pesar de todo lo que ello implica. La escalada de acciones proteccionistas en el mundo genera conocidas consecuencias negativas para el dinamismo de las economías y son peores para aquellas que dependemos más de los grandes mercados. Otros, en una actitud más conciliadora, se anotaron en la cola de países que buscan explicaciones y negocian una salida para no verse tan afectados.
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Mal haría el Perú en tomar represalias o imponer medidas arancelarias a las exportaciones de Estados Unidos. Más del 70% de nuestras importaciones desde ese país son bienes intermedios. La mayoría de nuestras compras son combustibles. La afectación sería inmediata en todo nuestro sistema de producción y comercialización, y, por ende, en el bolsillo de las familias.
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En el entender del Gobierno norteamericano, el Perú tendría que corregir problemas con el etiquetado de productos, mejorar los procesos de análisis de impacto regulatorio, levantar la absurda moratoria que mantenemos sobre los transgénicos, y abordar aspectos relacionados con la propiedad intelectual, muy ligados al contrabando y la piratería, entre otros. Todos ellos son aspectos que permitirían no solo levantar observaciones de los Estados Unidos, sino también mejorar nuestra competitividad.
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Esta coyuntura deberíamos tomarla seriamente como país y aprovechar el momento. Establecer un nuevo orden, donde revirtamos aquellas barreras no arancelarias que nos restan competitividad y eficiencia, y pisar el acelerador en la implementación de inversiones. En esa línea iría el “shock desregulatorio” lanzado por el MEF, que busca un “apagón normativo” para la facilitación de negocios e inversiones. El reto está en la implementación de las 402 medidas planteadas, pero ese es el camino correcto.
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Desde el Congreso de la República se estaría agendando un Pleno Económico Productivo para la aprobación de, entre otras, la ley de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Pero tampoco juguemos con las expectativas de la población. En más de una ocasión hemos expuesto lo improductivas que son las ZEE en nuestro país. Por más beneficios tributarios que tengan, mientras no haya mejoras en infraestructura de servicios y conectividad, así como la conformación de clústeres para el desarrollo de industrias, difícilmente servirán.
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A propósito de lo anterior, qué mejor que empujar inversiones en materia de conectividad y vías de acceso a nuestros principales puertos para mitigar los efectos de la guerra comercial. El Antepuerto del Callao lleva más de diez años siendo solo una ilusión. Igualmente, obras asociadas para dinamizar la operatividad del puerto de Chancay: la vía de evitamiento Chancay–Chancayllo, el par vial Serpentín de Pasamayo–Variante de Pasamayo, el ferrocarril Lima–Barranca, entre otros.
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Y no solo eso, sino también inversiones orientadas al cierre de brechas sociales y a la mejora de oportunidades. No hay mejores políticas públicas –más aún en tiempos complicados– que aquellas que reducen sobrecostos de acceso a los mercados, que facilitan el desarrollo de negocios y que permiten contar con servicios públicos de calidad. Mejorar estos aspectos clave nos pondría en mejor posición frente al resto del mundo para cuando pase este episodio.
