Barreras regulatorias que reducen la competitividad

El Perú no solo es privilegiado por su riqueza mineral, sino también por la relevancia de para el mundo y el desarrollo tecnológico. De acuerdo con CRU Group, a nivel global se requiere alrededor de US$ 100,000 millones de inversión para cerrar la brecha de la oferta de cobre hacia el año 2031, producto que se utilizará para la fabricación de vehículos eléctricos que permitan reducir las emisiones de CO2 y mitigar los efectos del cambio climático.

En ese contexto, Perú se presenta como un jugador clave porque –según cifras al 2020 del Ministerio de Energía y Minas– en nuestro país tenemos reservas (entre probables y probadas) del metal rojo que superan las 91,000 millones de toneladas métricas.

Pero además del cobre, el impulso de la energía verde requiere litio y las denominadas tierras raras. Estos también están presente en nuestro territorio y que junto con el cobre esperan salir a la superficie y cubrir la creciente demanda.

Permisos y plazos

Sin embargo, algunas barreras regulatorias podrían restarnos competitividad en el mercado. Nuestro marco regulatorio e institucional no permite que el potencial geológico sea explorado y explotado de una manera competitiva. Ello se debe a un crecimiento constante en la complejidad de los permisos en los últimos 15 años, llevando a que los procedimientos sean más engorrosos, que las normas vinculadas a los proyectos mineros no estén completamente articuladas, con más entidades involucradas que se pronuncien ya sea de manera vinculante o no, y que los plazos legales sean más extensos que en otras jurisdicciones.

Los cambios requieren de análisis técnico, conocimiento del sector y sus prácticas modernas, diálogo plural entre los diferentes sectores involucrados y de la toma de consensos. Sobre todo, los cambios requieren de mucha comunicación sobre la forma como se desarrolla la minería actualmente y de eliminar varios mitos que giran en torno a ella, pues estos impiden su correcta y racional regulación.

Exploración y remediación ambiental

Si tenemos una agenda país, con una visión de largo plazo, en el que se comprenda la importancia que tiene para los peruanos la minería, podremos hacer cambios y reformas que requiere el régimen regulatorio. Ese debe ser el punto de partida.

Si bien a lo largo de todas las fases de la actividad minera se pueden encontrar aspectos a mejorar y normar de manera más apropiada, me centraré en dos claros ejemplos, la exploración minera y la remediación ambiental.

Como han señalado diversos expertos sobre la materia, la actividad de exploración minera sigue estando sobrerregulada y su normativa presenta múltiples ambigüedades. Un claro ejemplo es la aplicación del silencio administrativo negativo en todos los procedimientos ambientales en la etapa de exploración, a pesar de que sus impactos ambientales son clasificados como leves o moderados por la normativa ambiental.

Cabe destacar que permisos similares son aprobados de manera automática en otros países mineros, como en Canadá, Australia y Chile, sin descuidar los controles ambientales.

Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que la actividad de exploración minera es una actividad temporal y de impacto limitado en determinados territorios y que no se tiene aún en dicha etapa mucha más información a comunicar a los pobladores fuera de la ya informada por medio del taller de participación ciudadana, se sigue exigiendo la consulta previa como requisito para la exploración sin generar un valor añadido para las comunidades involucradas.

Una prioridad debería ser la adecuada gestión de los pasivos ambientales. Hay avances, pero es clara la necesidad de que estos sean plenamente identificados y clasificados en función de su riesgo ambiental para una adecuada priorización y gestión de remediación.

Asimismo, en la actualidad dichas actividades son un desafío importante para las empresas mineras que requieren de nueva tecnología e importante inversión para entender los suelos utilizados, tal como la big data para integrar los datos fisicoquímicos y biológicos para el proceso de remediación.

En ese sentido, nuestra legislación tiene que adecuarse a los cambios tecnológicos y determinar claramente las responsabilidades en esta etapa, a fin de que se puedan realizar los procesos de remediación rápidamente. Se trata de ser competitivos y generar bienestar.