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En momentos de cambio sistémico, expansivo contexto bélico e insuficiente crecimiento, Sudamérica se degrada. Y no solo por una performance regional muy inferior al promedio del crecimiento global (1.6% vs. 3%, FMI), sino por la ruina de los sistemas políticos y la debacle de sus economías mayores que contribuyen fuertemente a la decadencia del área.
Este es el caso de Argentina que, bordeando la hiperinflación, se debate en democracia entre candidatos que ofrecen soluciones mutilantes o la continuidad de la debacle. Y también es el de Venezuela cuya dictadura que, luego de la destrucción del mercado, se niega a consolidar la salida política que el conjunto hemisférico y occidental le han proporcionado.
Si bien la contracción argentina de este año (-2.5%) parece peor que el crecimiento proyectado de Venezuela (4%), este último oculta un cataclismo económico: la pérdida del 75% del producto entre 2014 y 2021.
Por ello, la persistencia de la dictadura de Maduro en minar una salida pacífica y democrática reitera su condición criminal. En efecto, luego de que, por fin, la oposición lograra unificarse en torno a la Plataforma Unitaria Democrática y eligiera, en primarias negociadas, a una candidata para hacer frente a Maduro en elecciones el próximo año (María Corina Machado triunfó con 93% de los votos), la dictadura ha insistido en descalificarla.
Arguyendo que esas elecciones primarias no se llevaron a cabo de acuerdo a ley, luego de que el Gobierno le restara todo apoyo logístico y que la Contraloría reiterara la inhabilitación de Machado por 15 años (como ocurrió con otros líderes como Juan Guaidó y Henrique Capriles), el Gobierno de Maduro está tirando por la ventana negociaciones realizadas durante cuatro años entre la oposición y el Gobierno para lograr una salida pacífica y política al régimen dictatorial.
A esa negociación han contribuido la OEA, los 12 países del Grupo de Lima (que, originalmente, se negaron a reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que pretendía suplantar en Venezuela a la legítimamente electa), un grupo de contacto de la Unión Europea (que promovió una salida a la trampa madurista) y, finalmente, Noruega, cuya mediación, luego de contribuir a establecer los Acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP palestina, logró –con reserva y en varias sesiones realizadas en varios países– el acuerdo electoral que ahora se impugna.
Ello incluye a Estados Unidos que dispuso la flexibilización temporal (seis meses) de las sanciones unilaterales a Venezuela desbloqueando las exportaciones petroleras y de gas a la gran potencia y las transacciones del caso a la espera de que se produzcan elecciones efectivas en ese país en el segundo semestre de 2024.
Semejando la conducta de Corea del Norte, Venezuela ha logrado ventajas de Occidente para desconocer luego, bajo el amparo de relaciones estratégicas con China, Rusia e Irán, obligaciones contratadas. El Perú, la OEA y la Unión Europea deben contribuir a revertir esta arbitrariedad.