Escribe: Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de REDES
Nueve de cada 10 peruanos acceden al servicio de agua en el país. Aunque esta cifra puede sonar alentadora, el diablo está en los detalles y detrás de los promedios. Solo para cuantificar lo pendiente: 3.5 millones de peruanos siguen sin acceso a este servicio clave para la salud, el equivalente a sumar toda la población de los departamentos de Arequipa y Cusco. Y este no es un caso aislado: es solo uno de los tantos servicios públicos que deberíamos recibir todos con calidad. En gran parte del país, si el Estado llega, llega a medias: llega el caño, pero no siempre hay agua o pocas veces es segura. ¿Es eso realmente llegar? Estamos lejos de la última milla y dejando un peligroso espacio para que otros la recorran.
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Es fundamental mantener en agenda el acceso a servicios públicos de calidad, más allá de los tiempos electorales. En el caso del agua, el acceso adecuado es esencial para prevenir enfermedades diarreicas agudas, anemia o dengue. Todo esto impacta sobre la asistencia escolar, el aprendizaje y la productividad. Además, la falta de agua en el hogar impone una carga financiera importante sobre los más pobres, que deben recurrir a camiones cisterna a precios significativamente más elevados. Sin agua segura, se hace más difícil romper círculos de pobreza.
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Las diferencias territoriales son marcadas y dañinas para nuestra gobernabilidad. Mientras el 98% de los chalacos tiene agua en casa, solo el 54% de los loretanos comparte esta realidad. Pero una cosa es tener el caño y otra que salga el agua cuando la necesitamos. Más de 20 millones de peruanos carecen de acceso continuo al agua. En las regiones costeras del norte, la diferencia entre el acceso a agua y contar con el servicio durante las 24 horas es alarmante. En Tumbes, el 81.3% accede a la red de agua pero solo el 4% tiene el servicio todo el día. Esto fuerza a los hogares a almacenar agua y, en lugares cálidos, se convierte en caldo de cultivo para enfermedades como el dengue. Finalmente, el acceso a agua suficientemente clorada (0.5mg/L) es de 48% en zonas urbanas y de 4.5% en zonas rurales, con 19 departamentos por debajo del promedio nacional.
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¿Quiénes son los responsables? En este sector, confluyen varios actores. En general, la prestación directa del servicio recae en los municipios, a través de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) en zonas urbanas. Excluyendo Sedapal, la gran mayoría presenta serias fallas operativas: casi el 40% del agua no se factura y la capacidad de inversión es muy limitada, sobre todo en mantenimiento. Un informe reciente de Videnza resalta que, aunque las EPS reportan niveles óptimos de cloración, el estado de las tuberías ha empeorado de tal forma que el acceso a agua segura en los hogares ha retrocedido en 7 puntos porcentuales. A pesar de la brecha de inversión de 138 mil millones de soles en este sector para los próximos 30 años, hay resistencia política a integrar EPS, o a aceptar la participación privada en la provisión del servicio (que no es lo mismo que privatización).
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Y mientras nos enfrascamos en discusiones de quién debe hacer qué y muchos se “lanzan la pelota” o, peor aún, nos enfocamos en otras discusiones menos fructíferas, millones de peruanos deben vivir a pesar de la falta de Estado. Como indica el más reciente reporte del PNUD, el despliegue desigual en el territorio por parte del Estado ha mermado la confianza en la capacidad estatal, el imperio de la ley y la rendición de cuentas. Este espacio que no está ocupando el Estado –no solo con un servicio, sino en múltiples ámbitos de la vida ciudadana– mantiene los incentivos para que prospere la informalidad y deja espacio para la ganancia de poder de la criminalidad, como bien vemos hoy.
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Este mismo informe y otros análisis recientes muestran que la migración interna en los últimos años ha dado un giro. Si antes las personas tendían a migrar a lugares con mayor presencia del Estado (mejores servicios públicos, por ejemplo), hoy esa relación se ha vuelto negativa. La migración se está dando con más fuerza a zonas con menos presencia de Estado pero con más oportunidades de generar dinero en el corto plazo: los distritos con mayor presencia de minería ilegal. Esta nueva realidad nos debe llamar a un profundo sentido de urgencia. No es “menos Estado” lo que debemos estar reclamando, sino un Estado efectivo y realmente descentralizado en cuanto a su llegada a la población, más allá de quién hace qué. No podemos esperar a que esto siga avanzando para finalmente despertar. Basta de solo contar caños: apoderémonos de la última milla.
