Únete al canal de GestiónEscribe: Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.
En el año 2016 el Congreso de la República aprobó la Ley del 95.5% y con esa decisión se trastocó el objetivo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú: ahorrar para la pensión de jubilación y para cubrir los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Antes de esta norma las tasas de reemplazo neta (pensión de jubilación/ingreso) eran de hasta 72%, con una pensión de jubilación promedio de S/ 2,564.
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La aprobación de la Ley del 95.5% generó que el número de jubilaciones se incremente de 89,334 al 2015 a 589,764 al 2023. De este total, el 88% corresponde a afiliados que han dispuesto del 95.5%, y de estos últimos dos de cada tres se han jubilado con el mecanismo de la jubilación anticipada, antes de la edad legal que es a los 65 años. Así, con esta norma de desahorro, a la fecha, más de 516,000 peruanos se han quedado sin derecho a pensión de jubilación porque han retirado el 95.5% de sus fondos.
Si a esta lamentable realidad le añadimos los siete retiros “extraordinarios” de los ahorros para la jubilación que el Congreso de la República ha aprobado entre los años 2020 y 2024, se observará que en el caso de que un afiliado haya realizado todos los desembolsos, habría dispuesto de aproximadamente S/ 88,000, según estimaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este monto impactaría negativamente en la pensión al reducir la misma en aproximadamente S/460 mensuales.
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Sin el “pan guardado para mayo”, no solo tocará seguir trabajando, como hoy hace uno de cada dos mayores de 65 años que nunca ahorró para su jubilación, sino que en los casos en que los afiliados hayan invertido mal el dinero retirado o no puedan seguir trabajando, la presión social para que el Estado aumente el universo de beneficiarios de Pensión 65 crecerá exponencialmente, haciendo cada vez mayor el costo fiscal para financiar pensiones asistenciales (no contributivas).
Es momento de que retomemos el ahorro para las pensiones de los trabajadores. Para ello, además de la necesaria reactivación económica, resulta clave que se mantengan las reglas de juego. Es decir, la estabilidad jurídica. Muchos de los afiliados que trabajan y retiran sus ahorros para la jubilación lo hacen porque están sobreendeudados, pero otros deciden hacerlo por temor a que su dinero sea “estatizado” por el Gobierno, como ha sucedido en Argentina y Bolivia. Este riesgo no es menor en nuestro país si se observan algunos proyectos de ley que bajo el “amparo de la solidaridad” plantean esquemas que destruyen el concepto de la propiedad individual.
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Naciones calificadas como referentes en pensiones, según el Índice Mercer: Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, con niveles de PEA formal de 97.6%, 97.2% y 98.0%, respectivamente, cuentan con los primeros pilares financiados con impuestos generales y esquemas de reparto, que cada vez son más complementados con Cuentas Individuales de Capitalización (CIC). Estas últimas han cobrado gran importancia porque financian el 51%, 63% y 71% de la pensión promedio, en cada caso.
Y es que los países con mayores niveles de formalidad ahorran cada vez más para financiar la jubilación porque la esperanza de vida aumentó y la tasa de natalidad bajó, por lo que la capitalización se convierte en una potente herramienta financiera para maximizar el valor del ahorro acumulado a largo plazo.
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Perú requiere garantizar que el ahorro de los afiliados para la jubilación sea intocable, independientemente de la tendencia del gobierno de turno, pero también se necesita incluir la pensión mínima como componente primordial de la previsión social, conforme lo establecen los convenios internacionales a los cuales nos hemos adherido, en particular, la recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En suma, se debe recuperar el objetivo inicial de todo sistema de pensiones: asegurar un ingreso mensual que cubra a las personas en edad de jubilación o ante los riesgos de invalidez y sobrevivencia.
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