Se nos viene hablando de recuperar la confianza empresarial para revertir la caída en la inversión privada. Desgraciadamente, hay señales que horadan el discurso promotor y provienen del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los órganos jurisdiccionales, de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos. Algunos ejemplos:
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● Demoras en los procesos de promoción de la inversión. Vemos contratos ya adjudicados por ProInversión (que cumple un buen trabajo) que no arrancan por falta de acompañamiento o dificultades en los ministerios concedentes. También procesos en cartera a los que se hace tal cantidad de observaciones que queda claro que el ministerio en cuestión no los quiere sacar adelante. Lo más dramático es que esto está sucediendo fundamentalmente en los sectores de infraestructura social.
● Falta de institucionalidad. Ningún privado, ni en una asociación público privada, ni en un contrato en el marco de un G2G o una OXI, puede avanzar sin una contraparte gubernamental adecuada y predecible. La cantidad de permisos y autorizaciones que cualquier intervención requiere demanda tener contrapartes con rigor técnico, profesionales y estables. Resulta inaceptable que tengamos un Fondo de Apoyo Gerencial que paga buenos sueldos a muchísimos asesores sin funciones claras ni responsabilidades específicas, mientras la ejecución de proyectos de inversión sigue muriendo y complejizándose día a día.
● Seguridad jurídica. Si un Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre el retiro de una caseta de peaje en el marco de una acción de habeas corpus interpuesta por un ciudadano X, desconociendo un contrato, entonces el artículo 62 de nuestra Constitución no tiene ningún valor.
● Degradación del sistema arbitral. Para un inversionista de largo plazo, tener la garantía de un sistema arbitral neutral es fundamental. Lo que tenemos es otra cosa: anuncios para la tribuna que se denunciará penalmente a los árbitros internacionales, interposición de recursos en la justicia local que interfiere en temas reservados al arbitraje, omisión al pago de los honorarios arbitrales por parte del Estado y contumacia en el cumplimiento de los laudos, son hoy en día conductas normalizadas del Estado y no simplemente casos aislados. Agrava este panorama la propuesta de la Defensoría del Pueblo de eliminar los arbitrajes a futuro.
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● Un nuevo actor paralizante. No solo tenemos el sonoro caso de un alcalde que insulta inversionistas con epítetos irrepetibles y sin sustento, paralizando la ejecución de importantes intervenciones. Además, están los municipios que no dejan instalar antenas, hacer tendidos de fibra óptica, que obstruyen importantes proyectos de vivienda, entre otros.
Hace mucho que las empresas saben que no basta con un buen marketing. El producto y el servicio deben ser buenos. Lo mismo pasa con la promoción de inversiones. Si queremos confianza, no es suficiente un buen discurso, se necesita acciones concretas.
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