Si había un proceso electoral en el que la ONPE no podía fallar era este. Lamentablemente falló, y de forma grosera, dejando esta secuela de desconfianza en el sistema electoral que se une a un descrédito previamente instalado alrededor de otras instituciones. El efecto del sostenido deterioro institucional se hace en extremo crítico, pues una democracia representativa solo puede funcionar adecuadamente si la ciudadanía confía en sus instituciones.
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Tenemos un nudo que, por complejo que resulte, es imperativo desatar. La gobernabilidad de los próximos cinco años está en juego. El desafío es grande y demanda de todos y cada uno de nosotros, en particular de los líderes de instituciones, el mayor esfuerzo en busca de salidas que minimicen el daño al país.
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Para complicar más el panorama, la pasada primera vuelta electoral nos muestra, a través de las opciones más votadas en las diferentes zonas geográficas, lo dividido que está el país, una vez más. En efecto, en parte del territorio se opta por propuestas extremas; sin embargo, mal haríamos en criticar esas preferencias sin escuchar y sin tratar de entender sus razones. Es innegable que subsiste un sentimiento de exclusión en muchos peruanos, principalmente en aquellos que viven en regiones del sur y en zonas alejada. Estos ciudadanos perciben que el desarrollo económico no ha llegado a ellos, pues es verdad que ahí las carencias de servicios básicos, la ausencia de sistemas de salud y de educación dignos, y de infraestructuras de transporte aceptables son endémicas.
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Las causas de estas múltiples falencias son variadas; pero la que más destaca es la asociada al fracaso de un Estado que, a pesar de ser sustancialmente más rico de lo que fue a inicios de siglo, no ha logrado que el crecimiento se traduzca en mejores servicios. El dinero se diluye en ineficiencia, pago de favores, obras paralizadas y corrupción. Con los recursos que se han despilfarrado, el Perú habría cerrado su brecha en vivienda, agua y saneamiento. Es decir, cada peruano tendría hoy un hogar digno con agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
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Sin embargo, el dinero terminó en obras abandonadas o en bolsillos de funcionarios corruptos. Y es este el escenario en el que germina el voto de protesta, que no es más que el descontento capitalizado por un discurso que promete cambios propuestos a través de rutas equivocadas. De fórmulas que donde se han aplicado han generado más pobreza. Pero ¿por qué calan en zonas del Perú de hoy esas ideas? Quizás porque quienes creemos en las ideas de la libertad y de la promoción del desarrollo a través de la iniciativa privada no hemos hecho lo suficiente; o tal vez porque los promotores de las teorías fallidas están –comunicacionalmente– mejor organizados. Probablemente sea por un poco de las dos cosas.
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Es imperativo construir plataformas políticas con propuestas y mensajes permanentes y de alcance nacional. Tenemos que fortalecer la defensa de las tesis correctas en todos los terrenos. La política no se puede hacer, solo durante seis meses, cada cinco años.
Jorge Zapata Ríos es presidente de la CONFIEP.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
