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La Unión Europea (UE) ha creado un grupo que pretende detectar todo posible fraude fiscal y recuperar impuestos no pagados en el marco de las sanciones europeas contra Rusia por la guerra en Ucrania, informó este miércoles el Ejecutivo comunitario.
Bruselas recordó en un comunicado que hasta la fecha los Veintisiete han congelado activos por valor de unos 10,000 millones de euros a oligarcas rusos y han bloqueado transacciones en torno a los 196,000 millones de euros.
En particular, el nuevo grupo “intensificará la labor que se lleva a cabo contra las personas y empresas rusas y bielorrusas sancionadas y sus socios”, indicó la CE en un comunicado.
Para ello, verificará la presencia de personas y entidades sancionadas en los archivos fiscales e intensificará o iniciará nuevas auditorías o investigaciones fiscales.
Asimismo, compartirá información sobre esas personas y entidades entre sí y con terceros países.
El nuevo grupo pretende también aumentar los esfuerzos de control de las devoluciones y reembolsos de impuestos para evitar que se esquiven las congelaciones de activos y fondos y asegurar la vigilancia de cualquier intermediario que actúe para dichas personas y entidades.
La Comisión creó el pasado marzo el grupo de trabajo “Congelar y confiscar” para garantizar la aplicación eficiente de las sanciones de la UE contra las personas y empresas rusas y bielorrusas que figuran en la lista en toda la UE.
El grupo de trabajo coordina las acciones de los Estados miembros de la UE, Eurojust, Europol y otras agencias en relación con la incautación y la confiscación de bienes de los oligarcas rusos y bielorrusos cuando la ley lo permite.
Bruselas indicó que además se está investigando cómo usar los activos confiscados para ayudar a reconstruir Ucrania, una idea que apoyaron los líderes de la UE en la cumbre de los pasados 30 y 31 de mayo.
Ese mismo mes la Comisión propuso reforzar la aplicación de las sanciones de la UE añadiendo la infracción de las sanciones europeas a la lista de delitos comunitarios y reforzando las normas actuales sobre congelamiento y decomiso de activos.