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La Ley de seguridad nacional que China impuso en Hong Kong hace un año ha socavado gravemente su sistema judicial, según los abogados, preocupados por los derechos de los acusados y el futuro del Estado de Derecho en la ciudad.
El sistema judicial independiente de Hong Kong desempeñó un papel fundamental en la transformación de este territorio semiautónomo en un importante centro financiero, en contraste con el sistema chino, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista.
La Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor el 30 de junio del 2020, fue impuesta por Pekín saltándose el parlamento local. El objetivo era recuperar el control del territorio tras las masivas protestas prodemocráticas del 2019.
Desde la promulgación del texto hace un año, el sistema judicial de Hong Kong ha sufrido muchos cambios. La presencia de un jurado ya no es obligatoria y ya no se conceden sistemáticamente fianzas a los acusados de violar esta ley.
“Es como si una especie alienígena invadiera nuestro territorio, una tormenta de arena que no se puede detener y que viene del norte”, dijo un abogado.
Este letrado es uno de los cuatro que defienden a los acusados de violar la ley y que aceptaron hablar con la AFP bajo condición de anonimato.
“Se acabó el Estado de Derecho”
Según los abogados, cuando la Ley de Seguridad Nacional entra en conflicto con las protecciones legales garantizadas hasta ahora en Hong Kong los tribunales del territorio solo respetan los derechos “formalmente”.
Según las autoridades de Hong Kong, 114 personas han sido detenidas por infringirla y 64 han sido procesadas. La semana pasada comenzó el primer juicio de una persona procesada por infringir la ley, que se lleva a cabo sin jurado y en presencia de tres jueces especialmente seleccionados.
Desde hacía 176 años, los juicios penales en Hong Kong se celebraban siempre con jurado.
Los expertos en derecho constitucional advierten de la amenaza que supone el hecho de que los tribunales intenten evitar la ira de las autoridades chinas, que tienen la última palabra en los casos sobre la seguridad nacional.
“Cuando [un tribunal] abandona un derecho fundamental sin una revisión rigurosa, proporciona una justificación intelectual para un régimen draconiano”, escribió en un periódico en mayo Johannes Chan, profesor de derecho público de la Universidad de Hong Kong.
“Si el poder judicial no vigila la protección de los derechos humanos básicos, no habrá Estado de Derecho”, advirtió.
La judicatura de la ciudad declinó “hacer comentarios sobre cuestiones jurídicas u otras cuestiones de fondo en casos individuales”, citando el principio de independencia judicial.
“Misión imposible”
Mientras las autoridades de Pekín y Hong Kong afirman que la ley ha devuelto la estabilidad, sus críticos creen que supone el fin de la salvaguarda legal que existía hasta ahora entre China y el territorio.
China tiene ahora jurisdicción sobre ciertos asuntos y la ley ha permitido que sus agentes de seguridad operen por primera vez abiertamente en Hong Kong.
Se trata del fin de las garantías dadas por Pekín cuando el territorio fue devuelto por el Reino Unido en 1997, en virtud de un acuerdo que supuestamente aseguraba el funcionamiento democrático de Hong Kong hasta el 2047.
Ahora defender a los acusados “es una misión imposible”, dijo un abogado. “Es una presunción de culpabilidad”, aseguró.
En marzo, 47 activistas prodemocracia procesados en nombre de la seguridad nacional se sometieron a una maratoniana vista de acusación de cuatro días. Uno de ellos se desmayó por agotamiento y varios tuvieron que ser trasladados al hospital.
“Nuestra independencia judicial y el Estado de Derecho se han resquebrajado, esto continuará y acabará por romperse”, advirtió un abogado defensor.
También se espera que los cambios afecten al nombramiento de los jueces.
El diario británico Financial Times informó la semana pasada de que parlamentarios pro-Pekín de Hong Kong habían intervenido para impedir el nombramiento de un juez del alto tribunal, citando a dos fuentes cercanas.
La ley de seguridad también da a las autoridades la opción de extraditar a los acusados hacia el opaco sistema judicial de la China continental, donde los juicios se celebran a puerta cerrada. Hasta ahora, las autoridades no han utilizado esta opción.