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Los gritos de un indígena wayuu en un foro de energías renovables convocado en la Universidad de La Guajira en mayo dejaban claro que el camino para desarrollar este tipo de proyectos en esa región de Colombia será más largo y tortuoso que lo esperado.
“La Guajira no se vende”, sentenciaba el manifestante apoyado por otros miembros de la etnia, que interrumpía el evento al que asistió la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, además de autoridades locales.
La férrea oposición de las comunidades wayuus, junto con las demoras en las licencias ambientales, tienen en jaque los planes de más de una docena de multinacionales y del presidente Gustavo Petro, que busca una transición energética para alejar al país de la dependencia del petróleo y el carbón.
Los retrasos preocupan más por la llegada del fenómeno climático de El Niño, que augura sequías que pondrían bajo presión la capacidad de producción del país ampliamente dependiente de la energía hidroeléctrica, amenazando con provocar escasez e incrementos de las tarifas.
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La Guajira es la región de Colombia con mayor potencial para esas energías por sus vientos de alta velocidad que ofrecerían una generosa producción, sumado a la ubicación del país en la línea ecuatorial que ofrece una mayor radiación solar.
Algunas empresas, como la italiana Enel, comenzaron a retrasar proyectos indefinidamente culpando las protestas de las comunidades, lo que podría poner en riesgo miles de millones de dólares en inversiones si los empresarios buscan otros destinos.
Ni siquiera la estadía de una semana en junio de Petro -el primer mandatario izquierdista del país-, y su gabinete en La Guajira logró convencer a muchos líderes wayuus, que argumentan que las empresas y funcionarios no contemplan el impacto de los proyectos sobre el medio ambiente y sus creencias espirituales.
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Además, alertan el efecto contra sus medios tradicionales de subsistencia y los derechos de propiedad sobre sus tierras.
“Aquí lo que se censura no son los proyectos dentro del territorio, sino la forma en la que se están adelantando, son proyectos que se han hecho a espaldas de la comunidad, en contravía a sus derechos fundamentales”, dijo José Silva, director del movimiento Nación Wayuu, que representa a más de 600 autoridades indígenas.
“Simplemente se sientan a negociar autoridades, políticos y empresarios, más no con los dueños ancestrales del territorio”, explicó.
Petro prometió garantizar que las comunidades se beneficien de los proyectos y, en algunos casos, incluso participen en su ejecución.
Silva dijo que su grupo no logró reunirse con el mandatario ni sus ministros durante la visita, pero que los wayuus que asistieron se quedaron con “más dudas que certezas”.
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Enel detuvo en mayo indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi -que generaría suficiente energía para abastecer 500,000 hogares-, por bloqueos de las comunidades, tras sobrecostos de más de US$ 250 millones y retrasos de tres años en los que solo trabajaron la mitad del tiempo.
“Esta decisión se tomó luego de diversos análisis que consideraron la situación que viene atravesando el proyecto en término de vías de hecho y seguridad”, dijo Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power para Colombia y Centroamérica.
Los wayuus dicen no tener más remedio que recurrir a bloqueos para detener proyectos que no han autorizado y que las protestas se deben a las malas relaciones con las empresas.
Desde 2019 el país sudamericano ha atraído más de medio centenar de proyectos de energía eólica y solar de empresas de varios países, como EDP Renewables, Enel Green Power, Energi, Brookfield Asset Management, AES, Enerfín, entre otras, con una generación proyectada de 2.43 gigavatios de energía eólica y 0.1 gigavatios de energía solar.
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Aunque muchos proyectos estaban destinados a entrar en operación el año pasado o este, ninguno lo ha logrado.
Las empresas no respondieron a preguntas.
“Hemos logrado destrabar algunos y queremos sacarlos todos adelante”, dijo Petro en la instalación del Congreso el 20 de julio, pero admitió que la meta de aumentar en 6 gigavatios la generación en energía solar, eólica e hidráulica durante su Gobierno “también pueden tener dificultades hacia adelante”.
Cerca de 2,5 gigavatios, el 42% de esa meta, se pretenden producir en La Guajira, según cifras del Gobierno.
“Hay un interés considerable de empresas de Dinamarca como de otros países de Europa y Norteamérica que incluso ven potencial”, dijo el embajador de Dinamarca en el país, Erik Hoeg. “Estamos esperando un poco en algunos casos un marco regulatorio claro por ejemplo para eólica costa afuera”, agregó tras admitir que además existen dos fondos de inversión interesados.
El diplomático enfatizó que debe haber un diálogo con las comunidades y consideró que el país no puede perder la oportunidad de convertirse incluso en exportador de productos energéticos de nueva generación.
“El capital tiene alternativas también en la región, hay otros países de América Latina que están también arrancando con estrategias políticas ambiciosas para potenciar su generación de energías verdes”, advirtió.
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Crecen los conflictos regionales
Los desafíos en La Guajira se asemejan a los de Chile, donde las comunidades indígenas se resisten a los desarrollos de litio; y México, donde docenas de proyectos de energía eólica, solar y otros renovables están paralizados esperando permisos.
Las comunidades wayuus argumentan que varios trabajos desarrollados por empresas han causado la muerte de centenares de chivos -uno de sus principales sustentos- y violado territorios sagrados donde entierran sus ancestros.
“El paisaje nuestro como pueblo wayuu va a ser totalmente cambiado por los aerogeneradores que entrarán en reemplazo de los árboles, que desplazarán a las aves, incluso hasta la misma espiritualidad”, advirtió Silva.
El director de Nación Wayuu aseguró que los proyectos han provocado enfrentamientos entre dueños de las tierras y otros indígenas que han negociado con las empresas, lo que ha derivado en la muerte de al menos 10 personas solo en las comunidades que él representa.
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“En el Estado nadie sabe de quién es el territorio indígena, nadie sabe de quién es el territorio wayuu y ellos son muy complejos en ese sentido”, dijo Joanna Barney, investigadora de Indepaz. “Entonces cuando la empresa cree tener licenciado el parque y quiere iniciar la fase de construcción, aparecen los verdaderos dueños y ahí inicia todo el conflicto”.
La etnia indígena wayuu es la más grande del país, con unos 400,000 habitantes.
Paradójicamente, la industria de renovables -aparentemente más amigables con el medio ambiente-, enfrenta obstáculos similares a los petroleros y mineros, que durante largo tiempo han sido la principal fuente de ingresos de la cuarta economía de América Latina.
“Desafortunadamente esos proyectos han tenido retrasos importantes (...) debido a problemas en su licenciamiento ambiental, en sus procesos de consultas previas con las comunidades y ha tenido diferentes eventos de conflictividad social que han impedido que se lleven a cabo las operaciones en los tiempos esperados”, dijo Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER.
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Inversionistas cansados
La autoridad ambiental archivó la licencia para dos parques eólicos de la portuguesa EDP Renewables argumentando que la compañía no identificó los impactos potenciales en cada área del proyecto, incluidas las vías de acceso, y no caracterizó adecuadamente zonas protegidas.
EDP Renewables dijo en una carta a varios ministros que el archivo de la licencia sumado al conflicto con las comunidades llevaría a que el proyecto, que debía entrar en operación en enero del 2022 ahora se demore hasta diciembre del 2024, por lo que pidió ajustes de regulación.
“Es necesario fortalecer, desde el punto de vista reglamentario, las normas que existen en la actualidad para el licenciamiento de este tipo de proyectos; regulación que naturalmente debe ser diferenciada respecto de proyectos de energías no renovables”, afirmó.
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Colombia tiene una capacidad instalada de 300 megas en energías renovables alternativas, menos del 1% de la generación de energía eléctrica del país, que está dominada en más del 70% por hidroeléctricas.
Los proyectos renovables previstos podrían llegar a producir 20,000 megavatios, electricidad suficiente para atender 11 millones de personas, poco más de una cuarta parte de la población del país, según SER, que representa a más de 90 empresas.
Cada megavatio instalado requiere entre US$ 700,000 y US$ 1 millón de inversión, con lo que el monto potencial llegaría a hasta US$ 20,000 millones.
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A esto se suman otros 80 proyectos ubicados en 16 departamentos que requerirían inversiones cercanas a US$ 3,000 millones, de los cuales un 65% tienen trámites pendientes, varios de ellos con retrasos de años, según SER.
Las empresas necesitan más apoyo del Gobierno o podrían seguir el ejemplo de Enel, dijo Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, que asesora compañías del sector.
“Hemos hecho mucho boom todos con el tema de renovables, pero los proyectos no están operando y no se ve que vayan a entrar en los próximos dos años”, dijo Lucio. “Los inversionistas se están cansando”.
Fuente: Reuters
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