En el improbable caso de que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela este año, es casi seguro que Nicolás Maduro, su presidente autocrático, sería destituido, sobre todo si se enfrentara a María Corina Machado, una popular líder conservadora que ganó las primarias de la oposición en octubre pasado con el 92% de los votos.
El 70% de los encuestados de un sondeo realizado en noviembre dijo que la elegirían, y solo el 9% del resto apoyaba a Maduro. Así que no fue una sorpresa cuando, el 27 de enero, una Corte Suprema repleta de los compinches del presidente ratificó una inhabilitación a Machado de aspirar a cualquier cargo político durante 15 años.
Fue una medida rápidamente justificada por portavoces que cacarearon la lógica retorcida del régimen, quienes insistieron en que prohibirle a la contendiente más popular del país aparecer en las papeletas electorales no era más que una valerosa defensa de la democracia. “Queremos elecciones competitivas para todos, libres para todos”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional fiel al gobierno. Luego agregó que no había manera de que “esa mujer” alguna vez fuera candidata.
Es solo el último ejemplo de cómo Maduro se burla de Estados Unidos. En octubre, el gobierno del presidente Joe Biden retiró las sanciones durante seis meses a gran parte de los sectores petrolero, minero y aurífero del país a cambio de que el régimen aceptara, con miembros de la oposición, un acuerdo firmado en Barbados que incluye la liberación de presos políticos y la celebración de elecciones ampliamente democráticas durante este año.
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Desde entonces, un puñado de prisioneros han sido liberados. Pero la democracia sigue siendo difícil de alcanzar en el Estado rebelde. En diciembre, Maduro celebró un referéndum dudoso que, según él mismo afirmó, le otorgó el mandato de anexar dos tercios de la vecina Guyana, una acción diseñada para crear dolores de cabeza geopolíticos.
El 29 de enero, en respuesta a la inhabilitación de Machado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la reimposición de una sanción. Las empresas estadounidenses que realicen transacciones con la empresa minera estatal venezolana, Minerven, tendrían hasta el 13 de febrero para desvincularse de ella. La gran pregunta ahora es: ¿tendrá Biden el coraje de imponer sanciones más relevantes, como las que se aplicarán al sector petrolero, el 18 de abril, fecha límite para que Maduro coopere?
Machado cree en el libre mercado y considera a Margaret Thatcher una heroína. Eso la hace inusual en Venezuela, un Estado socialista que ha estado gobernado por Maduro desde 2013 y, antes de eso, por Hugo Chávez, su mentor político. Machado solía ser vista como el sector marginal de línea dura en la oposición y, tan recientemente como 2018, tuiteó que la única manera de librar al país del régimen de Maduro no era a través del voto, sino “por la fuerza”.
Ahora sostiene que las elecciones pueden generar el cambio. También ha dicho en más de una ocasión que Maduro dirige un “régimen terrorista” y debería “enfrentarse a la justicia” por los crímenes que ha cometido contra la humanidad.
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Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, a Machado se le inhabilitó de ejercer cargos por no declarar algunos bienes cuando era diputada (una acusación que, según ella, es infundada). Para justificar su último fallo, la Corte Suprema citó varias razones, incluido el hecho de que había expresado su apoyo a las sanciones estadounidenses. El tribunal también confirmó una inhabilitación similar contra Henrique Capriles, otro político de la oposición.
De hecho, a pesar del acuerdo de Barbados, el régimen está adoptando una postura más severa contra quienes considera sus enemigos. El 22 de enero el gobierno anunció que 32 personas habían sido arrestadas por presuntamente conspirar para asesinar a Maduro y a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. Se emitieron órdenes de detención contra otros 14 “sospechosos”, entre ellos Tamara Sujú, activista de derechos humanos, y Sebastiana Barráez, periodista, ambas residentes en el extranjero.
Tres de los directores de campaña de Machado fueron detenidos a principios de este mes. El gobierno ha dicho que está desatando lo que ha descrito como una “Furia Bolivariana”, en nombre del héroe decimonónico de la independencia del país, Simón Bolívar.
Otros lo ven como pragmatismo puro. “Permitir que Machado se postule nunca fue una posibilidad en esta situación, en la que el gobierno fija las reglas”, dice Luis Vicente León, encuestador. Él piensa que las pasadas amenazas de retaliación de Machado significaron que su candidatura no tuvo éxito. Dado que el régimen de Maduro sobrevivió a una escalada de sanciones bajo el gobierno de Donald Trump, parece que está calculando que podrá resistir las sanciones una vez más.
Maduro ha utilizado los últimos meses para consolidar aún más su poder. Su régimen tiene más influencia sobre Estados Unidos. El 30 de enero, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, tuiteó que, si Estados Unidos reinstauraba el embargo, Venezuela dejaría de recibir inmigrantes venezolanos repatriados, de los cuales un número récord llegó a Estados Unidos el año pasado.
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Mientras tanto, el acuerdo en Barbados condujo a un intercambio de prisioneros mediante el cual un aliado de Maduro, Alex Saab, un empresario colombiano que estuvo encarcelado y acusado en Estados Unidos por presuntamente ayudar al régimen a lavar US$ 350 millones, recibió el indulto de Biden y regresó a Venezuela.
Ahora dirige el centro de inversiones internacionales de Venezuela. Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 durante una parada para reabastecer combustible cuando se dirigía a Irán. El régimen iraní ha ayudado a su homólogo venezolano comprándole oro, y podría volver a hacerlo.
Aun así, el regreso de las sanciones al sector petrolero de Venezuela seguiría siendo un gran golpe financiero; significaría que el régimen tendría que recurrir de nuevo a la venta en el mercado negro de su petróleo con un descuento de hasta el 40%, con una pérdida estimada de 500 millones de dólares al mes en un país donde el PBI fue de solo 92.000 millones de dólares el año pasado.
Una posible concesión que se sugiere en Caracas, la capital, es que Machado retire su candidatura y apoye a un candidato no inhabilitado. Pero la líder opositora, cuyo mantra político es “Hasta el final”, fue enfática al descartar esa opción el 29 de enero. “No hay retirada”, dijo. “Tenemos un mandato. Y lo llevaremos a cabo”. Venezuela está en curso de colisión.
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