El periodista guatemalteco José Rubén Zamora ha denunciado con frecuencia la corrupción en el país centroamericano. En 2008 fue secuestrado, golpeado y drogado por asaltantes desconocidos, antes de ser abandonado a las afueras de la capital. Unos 15 años después, todavía es blanco de ataques. El 14 de junio, un tribunal condenó a Zamora a seis años de prisión por lavado de dinero y le ordenó pagar una multa de US$ 40,000.
Zamora fue absuelto de los cargos de chantaje y tráfico de influencias. El caso se considera como ilegítimo. Es una señal preocupante de la erosión de la libertad de prensa antes de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del 25 de junio.
Alejandro Giammattei, el presidente saliente (que no puede volver a postularse), insiste en que el juicio no tuvo nada que ver con el periodismo y sí con las actividades comerciales de Zamora, que incluyen pedirle a un conocido que depositara US$ 40,000 en efectivo por él en un banco. Zamora argumenta que el uso de efectivo era necesario para proteger a los donantes de la ira de las autoridades.
El Periódico, el diario que fundó Zamora en 1996, cerró en mayo; él afirma que las autoridades intimidaron repetidamente a sus contribuyentes y reporteros (el gobierno niega estas acusaciones).
El castigo contra Zamora es “una señal muy mala para la democracia”, dice Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), un laboratorio de ideas estadounidense. Antes de las elecciones presidenciales de este año, el derecho a participar en política también ha sido “violado gravemente”, señala.
Las autoridades electorales del país han tomado decisiones aparentemente arbitrarias para excluir a candidatos, entre ellos Carlos Pineda, un empresario que se convirtió inesperadamente en el favorito después de hacer campaña en TikTok, una aplicación de video.
Esto es parte de una tendencia más amplia de retroceso democrático. Varios países de América Central se están moviendo en la dirección de la Nicaragua de Daniel Ortega, el modelo despótico original de la región. El estado de derecho se está erosionando rápidamente en El Salvador bajo Nayib Bukele, su presidente millennial.
Sin embargo, a diferencia de estas otras dos naciones, Guatemala no está dominada por un solo individuo. Más bien, sus élites políticas, militares y económicas afianzan su control sobre el poder a través de un sistema descrito por WOLA como “autoritarismo corporativo”.
La democracia comenzó a desmoronarse en Guatemala en 2019 cuando el entonces presidente, Jimmy Morales, disolvió la CICIG, un grupo de trabajo contra la impunidad creado por la ONU. Esta tendencia se profundizó bajo su sucesor, Giammattei. Amenazados por recusaciones legales cuestionables, muchos abogados y jueces han huido del país en los últimos años. Desde noviembre, dos docenas de periodistas se han exiliado.
Cuando fue entrevistado en mayo, el fundador de El Periódico estaba esposado, bien vestido y demacrado después de pasar diez meses en una celda. Supuso correctamente que recibiría entre cinco y siete años de cárcel, y agregó que la democracia guatemalteca siempre había sido imperfecta, pero que últimamente esta había empeorado significativamente.
“Estamos pasando un umbral, y cada vez será más difícil ejercer el periodismo en Guatemala”, dijo Zamora, quien cree que el artículo que irritó particularmente a las autoridades antes de su arresto fue un informe sobre las irregularidades en torno al negocio de la vacuna contra la COVID-19 que hizo el gobierno.
Marielos Monzón, quien forma parte de un colectivo mediático llamado NoNosCallarán, cree que la sentencia del “emblemático” Zamora es un “mensaje claro” para cualquiera que ejerza esta profesión. Monzón cree que la situación es la peor en el país desde 1996, cuando comenzó la era posterior a la guerra civil. “Nos están dejando dos caminos”, dice. “El camino al exilio o el camino a la prisión”.
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