La economía argentina pende de un hilo. En lo que va del año, el valor del peso con respecto al dólar ha bajado a la mitad en el mercado negro y la inflación anual llegó al 113%. Las únicas reservas de divisas que le quedan son préstamos obtenidos de China. Los legisladores no saben si autorizar la impresión de más pesos para pagar las deudas del gobierno o hacer todo lo posible para evitar la hiperinflación.
Con elecciones presidenciales para el mes de octubre, mucho depende de las propuestas de los candidatos para remediar la situación. Javier Milei, economista libertario que en cierta ocasión reventó una piñata del banco central en una transmisión televisiva en vivo y obtuvo una victoria inesperada en las primarias electorales recientes, propone deshacerse del peso y adoptar el dólar como moneda nacional de Argentina.
El problema es que la economía podría implosionar antes de que algún candidato tenga la oportunidad de arreglarla. El 23 de agosto, el gobierno persuadió al FMI de desembolsar US$ 7,500 millones de su programa de rescate, que era su única esperanza para cubrir los pagos de su deuda en dólares y evitar incurrir en un incumplimiento.
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El FMI se mostró reticente no porque Argentina esté en quiebra (el propósito del fondo es hacerles préstamos precisamente a países en ese tipo de situaciones), sino porque la mayor parte del efectivo que Argentina debe pagar este año es para el propio fondo. Argentina es un país peculiar porque su mayor acreedor es el FMI, al que le adeuda unos US$ 40,000 millones (casi un tercio de su deuda externa). Gracias al apoyo del FMI, se ha postergado un total desastre, pero también se ha prolongado una situación cada vez más absurda.
El FMI les otorga préstamos a las economías mundiales inestables en carácter de “acreedor preferencial”, es decir, si un país tiene solo un poco de efectivo, le paga en primer lugar al FMI. Además, el FMI nunca registra pérdidas cuando se reestructura alguna deuda. Por eso puede, al igual que otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial, otorgar paquetes de rescate menos costosos. Este enfoque ha funcionado cuando los paquetes son pequeños e incluso los países en dificultades pueden pagar las deudas respectivas.
Pero Argentina está llevando este modelo al límite. En 2018, el FMI se arriesgó a ofrecerle al país un rescate por US$ 57,000 millones, el mayor en la historia del fondo. En ese momento, muchos observadores consideraron que era demasiado dinero para un país con el dudoso historial de Argentina. A fin de cuentas, resultó que también fue muy poco dinero para componer la economía del país.
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Argentina no puede costear el pago de sus deudas y el FMI no puede reducir el adeudo que esa nación tiene con el organismo sin renunciar a su calidad de acreedor preferencial. Así que están en un callejón sin salida. Por ahora, un instrumento aprobado por el FMI el año pasado ofrece una opción para evitar el problema.
Cada vez que el fondo cobra deudas argentinas, deposita una cantidad casi igual con el gobierno argentino. Este programa cuenta con un calendario de pagos alargado, pero también genera intereses a la impresionante tasa del 8%. Así que Argentina tiene las mismas deudas y las mismas opciones limitadas para pagar que antes.
Una vía de escape para Argentina sería conseguir el efectivo necesario para pagarle al FMI. Sin embargo, en los 60 años que el país ha obtenido préstamos del fondo, sus políticos han mostrado muy poco interés en seguir sus recomendaciones. Solo contadas reformas estipuladas dentro del acuerdo suscrito en 2018 se han aplicado.
Aun si el siguiente presidente actúa con gran disciplina, tardaría años en regresar al buen camino a la economía. Los funcionarios del FMI enfatizan que el país ha tenido mala suerte en épocas recientes, con problemas como una sequía que le costó aproximadamente US$ 20,000 millones. Pero esa cantidad apenas habría alcanzado para cubrir los pagos al fondo correspondientes a este año.
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Otra opción es que el FMI admita que la deuda de Argentina es demasiado grande y es necesario hacer cambios. Aunque el fondo calcula que Argentina todavía puede considerarse solvente con un poco de suerte, muchos economistas de otras instituciones creen que el país ya no está en posición de pagar sus deudas sin hacer una reestructuración.
Es muy poco probable que otros acreedores, principalmente instituciones financieras estadounidenses, acepten sufrir pérdidas si el fondo se resguarda tras el manto de su carácter privilegiado, pues mientras más obligaciones asuma Argentina con instituciones multilaterales, menos importarán sus tenedores de bonos. Es posible que pronto los bancos del sector privado tengan una cantidad tan reducida de la deuda externa del país que no serán nada relevantes para su solvencia.
El carácter de acreedor preferencial del FMI se basa, de hecho, en la expectativa de que los acreditados deben resolver sus problemas y en la buena voluntad de otros acreedores. Ninguna de estas condiciones se cumple en Argentina. Con la decisión de entregarle otro fajo de efectivo, el fondo calmará los mercados e impedirá fluctuaciones repentinas en el peso o el precio de los bonos.
Pero este desembolso lo obliga a responder una pregunta difícil. ¿Cuándo dejará el FMI de darle dinero? Por su desesperación de evitar un incumplimiento, los funcionarios del fondo toleran la desobediencia descarada de Argentina, que podría darles un mal ejemplo a otros países.
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Por su parte, Argentina necesita con desesperación una solución perdurable. Cada mes que pasa sin encontrar esa solución, las aflicciones económicas del país se agravan. La inflación empeora por el encarecimiento de las importaciones y la política monetaria podría sucumbir ante la falta de equilibrio financiero del Estado, si el gobierno llega a tomar tanto prestado que al banco central no le quede más remedio que rescatarlo.
Mientras más cojee Argentina sin concretar una reestructuración, más dañino será el proceso cuando ocurra. En el trimestre reciente, Argentina acumuló deudas a corto plazo por US$ 1,700 millones con China, US$ 1,300 millones con el banco regional CAF y US$ 775 millones de Catar.
Son costos prohibitivos para proteger el carácter de acreedor preferencial del FMI. La alternativa sería que el fondo dejara de prestarle dinero a Argentina, lo que forzaría a ese país a reestructurar sus deudas. En ese caso, el fondo correría el riesgo de un incumplimiento y quizá incluso alguna pérdida. Quienes están a favor de esta medida sostienen que el daño al carácter de acreedor preferencial del FMI no afectaría sus operaciones con otros países, siempre y cuando no adquiera el hábito de otorgar rescates muy cuantiosos.
Puesto que el siguiente desembolso está programado para noviembre, los funcionarios del FMI incluso podrían aprovechar para amenazar con esta medida y así obligar al gobierno saliente a hacer reformas reales. Si no funciona, al menos sería borrón y cuenta nueva para el siguiente gobierno, en vez de estar abrumado por negociaciones durante su primer año en el poder. El costo de permitirle a Argentina seguir adelante es muy elevado. En los meses venideros, el FMI tendrá que decidir si el costo de ponerle un alto es aún más elevado.
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