Con el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cientos de personas siguen reclamando en El Salvador por la inocencia de sus familiares y denunciando su detención arbitraria bajo un régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que cumple dos años.
La medida fue aprobada en el Congreso, por amplia mayoría oficialista, a petición del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Este régimen suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, y ha dejado en dos años más de 78,100 detenciones, más de 200 muertes en custodia estatal y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
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La medida, apoyada en un amplio despliegue de militares, prácticamente ha borrado la violencia de las pandillas de las comunidades, lo que fortaleció la popularidad de Bukele.
Un “panorama desalentador”
La Asamblea Legislativa (Parlamento) ha ampliado el régimen en 24 ocasiones por períodos de 30 días y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de atropellos, incluyendo detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y torturas.
Para Antonio Palacios, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), “el panorama es desalentador para las personas que están detenidas”, dado que las reformas posteriores a la aprobación del régimen alargarán la prisión provisional al menos hasta finales de 2025 debido a la extensión del plazo de la instrucción.
“El régimen de excepción ya lleva dos años y si esta gente sigue esperando hasta el año 2025, van a ser prácticamente cuatro años los que va a estar presa sin que se haya demostrado nada”, lamentó Palacios en declaraciones a EFE.
Indicó que hay “casos también bastante graves en los que ya se han condenado personas sin que existan elementos suficientes para poder demostrar su culpabilidad o participación en un delito”, también apuntó que la ONG tiene conocimiento de personas con orden judicial de libertad que las autoridades penitenciarias se niegan a acatar.
Advirtió que “el sistema de justicia actualmente está desbordado, no existen recursos humanos para procesar a tantas personas” y que calculan que entre 30,000 y 35,000 “son personas inocentes”.
Solo el Socorro Jurídico ha recibido, según dijo Palacios a EFE, 7.950 casos de “personas inocentes” detenidas y ha documentado al menos 236 muertes en custodia estatal. Además, ha acompañado unos 1,300 ‘habeas corpus’ ante la Corte Suprema de Justicia, de las que el 99% no han recibido respuesta.
“No quiero a mi hijo en un ataúd”
Morena Meléndez no sabe si su hijo vive desde abril de 2022, cuando fue detenido cerca de su casa en la central localidad de Nuevo Cuscatlán por 8 agentes de la Policía poco tiempo después de que regresó de su trabajo de repartidor de medicamentos en motocicleta.
La madre carga como un tesoro los documentos de hijo Wilvis Fuentes: pasaportes, respaldos de que era beneficiario de un programa de migración a Estados Unidos y certificaciones de la Policía y Centros Penales que evidencian que no tiene cuentas pendientes con la Justicia ni ha sido condenado.
“Usted no se meta vieja puta”, recuerda Morena que le dijo uno de los agentes cuando ella cuestionó la razón por la que tenían retenido a su hijo, una respuesta similar le dieron a la abuela de la familia.
Entre insultos, relató Morena, rechazaron ver los documentos de su hijo porque: “Ese mono (joven) cerote se iba (detenido) porque le caía mal”.
Sin cargos y sin orden de captura, Wilvis fue detenido, subido a una patrulla y llevado a prisión. Con los días, le imputaron el delito de agrupaciones ilícitas.
“Yo no he hecho nada, yo no sé por qué me llevan”, le dijo su hijo el último día que habló con él. Lo recuerda pálido, triste: “Mi hijo llorando iba, me volteó a ver con una mirada que jamás voy a olvidar”.
Desde el día que se lo llevaron para un centro penal, Morena no lo ha vuelto a ver. Ella lo describe como un joven activo, entusiasta de los juegos de vídeo, sobre los que tomó cursos de programación, además de cursar sus estudios.
“Vivo se lo llevaron y no quiero que me lo vayan a devolver en un ataúd (...) hasta ahora, no sé si mi hijo está vivo, no sé si está bien de salud”, dijo Morena.
Ella es parte de las personas que han acudido al Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) por ayuda y dice que ha conocido casos en los que “los muchachos salen torturados” de la cárcel.
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