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La asociación que agrupa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile, las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, calificó este jueves de “retroceso” la reforma integral al sistema anunciada por el Gobierno y dijo que la creación de un gestor público “coarta la libertad”.
“La reforma previsional propuesta por el Gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía”, dijo en un comunicado la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox.
El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la noche del miércoles en cadena nacional que enviará próximamente al Congreso una esperada reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado, cuestionado largamente por las bajas jubilaciones que entrega.
La reforma, basada en principios de seguridad social, contempla un aumento del 6% de las cotizaciones, que correrá a cargo del empleador, así como la creación de un administrador público de fondos, poniendo fin así a la gestión exclusiva de las AFP.
“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que, como tal, les permitirá aumentar su ahorro futuro”, indicó Cox.
La creación de un ente público, agregó la directiva, “no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que representa un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros”.
Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos y Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar el sistema, una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre del 2019.
La propuesta de Boric tendrá que tendrá que abrirse camino en ambas cámaras del Congreso, donde la coalición gobernante de izquierda es minoría.
“Esperaremos el ingreso del proyecto al Congreso para poder analizar con detalle los distintos aspectos planteados y evaluar las acciones a seguir”, concluyó Cox Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980), el modelo actual fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y es financiado únicamente por los trabajadores.
Cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete AFP que existen.
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que el sistema sólo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.
En el 2008, se hizo una reforma y se creó una pensión financiada por el Estado para los más pobres, que se amplió en el 2021 hasta los 185,000 pesos mensuales (cerca de US$ 200).
Fuente: EFE
