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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “se impuso” en las elecciones generales del domingo, extendiendo su mandato hasta, al menos, enero del 2027 y convirtiéndose en el gobernante americano vivo con más tiempo consecutivo en el cargo.
Con aproximadamente la mitad de los votos contados hasta el lunes por la mañana y un 75% de respaldo según el Consejo Supremo Electoral, el gobernante izquierdista aseguró un cuarto mandato consecutivo luego de unos comicios no reconocidos por la comunidad internacional democrática por considerar que no existieron las garantías democráticas para llevarse a cabo.
A continuación, cinco escenarios para el futuro del segundo país más pobre de América:
Represión
Desde que iniciaron las protestas contra el gobierno de Ortega, en abril del 2018, al menos 300 personas perdieron la vida y 155 opositores permanecen tras las rejas, según cifras de organismos de derechos humanos, que los califican como “presos políticos”.
La cifra se engrosó este año cuando 37 adversarios, incluidos siete aspirantes a la Presidencia, fueron aprehendidos por conspiración y traición, mientras que el Consejo Supremo Electoral despojó a tres partidos de su acreditación legal y el Congreso hizo lo propio con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG extranjeras.
El recrudecimiento de la represión, sin embargo, podría haber llegado a su acmé ya que la mayoría de los líderes políticos abandonó el país o tiene alguna medida judicial.
De todas formas, las capturas podrían extenderse a la población común, advirtieron analistas entrevistados por Reuters, con el objetivo de eliminar toda opción de disidencia.
Mayor presión internacional
En la semana, el gobierno del presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a imponer más sanciones contra la administración de Ortega. Además, Washington ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (DR-CAFTA).
Sin embargo, el pacto fue rechazado por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando era oposición en el 2005.
Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su gobierno y analistas creen que, a pesar de aislar al país centroamericano aún más, no redundarían en un cambio de Gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela, donde Occidente ha impuesto numerosos castigos.
Por el contrario, el mandatario y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, usarían las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.
Ante un posible incremento de la presión internacional en contra del gobierno Ortega-Murillo, la pareja podría acercarse, aún más, a aliados como China y Rusia en busca de apoyo económico.
Oposición fragmentada
El ostracismo de líderes políticos y estudiantiles podría ayudarle a Ortega a mantener a raya a la oposición toda vez que la mayoría de dirigentes se encuentran fuera del país, tras las rejas o con prohibiciones para moverse o expresarse libremente.
Difícilmente, en el corto plazo, la oposición logre articular un frente unido luego de las elecciones del domingo, ya que unos llamaron al voto nulo, otros a la abstención, y varios han sido acusados de callar ante el clima de represión.
Sin embargo, la oposición tendrá la oportunidad de reivindicarse en las elecciones municipales de fines del 2022, cuando los nicaragüenses volverían a las urnas para elegir alcaldes y concejales de los 153 municipios del país.
Ello, siempre y cuando los comicios cuenten con las garantías mínimas que hoy reclaman los adversarios de Ortega.
Economía débil
Entre el 2000 y 2017, el crecimiento económico del país promedió 3.9% gracias a una demanda interna impulsada por las remesas y por inversión extranjera directa. Pero el inicio de la crisis política y la pandemia del coronavirus dieron como resultado una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) real de 8.8% acumulado entre el 2018 y 2020.
Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar -tras bambalinas- con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad.
“El Gobierno está consciente de que los empresarios son necesarios para asegurar un buen funcionamiento de la economía”, opinó Tiziano Breda, analista del International Crisis Group. “Por ello ha lanzado mensajes de anhelo de retorno a las relaciones positivas que había antes del 2018″.
Ya en el 2009, Ortega acordó un ambiente de convivencia con los principales gremios empresariales del país, que supuso un buen desempeño económico tras la recesión de ese año, provocada por la crisis financiera mundial del 2008.
Además, el Gobierno buscaría mantener, al menos en el corto plazo, los flujos financieros de instituciones regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, analistas opinaron que pese a que diálogo con los empresarios pudiera surtir efecto, la recuperación económica sería ligera ya que la pobreza se mantendría cercana al 40%.
Migración al alza
Más represión contra el ciudadano común y un pobre desempeño económico puede llevar a más migración, no sólo a Costa Rica, principal destino de los nicaragüenses, sino hacia Estados Unidos, comprometiendo los esfuerzos del gobierno de Biden por contener los flujos hacia el norte.
“Con el sistema migratorio de Costa Rica abrumado desde el 2018 con un atraso de 89,000 solicitudes de asilo sin resolver, los nicaragüenses buscan cada vez más otros destinos, sobre todo Estados Unidos”, dijo International Crisis Group en un informe.
El número de nicaragüenses detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado drásticamente en el 2021, de 575 en enero a 13,391 en julio, según cifras oficiales.
Sin embargo, con cada vez más nicaragüenses fuera de su país, las remesas están creciendo año tras año, lo que ayudaría al Gobierno a mantener niveles de subsistencia interna.
Entre el 2017 y 2020 los envíos de dinero desde el exterior se dispararon un 33% a US$ 1,851 millones. Las remesas representan alrededor del 15% del PBI del país, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.
