Con su verde esmeralda, su playa de arena fina y sus bonitas sombrillas, la pequeña localidad de Mejillones, en el norte de Chile, tiene todos los ingredientes de un clásico balneario. Sin embargo, es una de las cinco “zonas de sacrificio” que desafían la transición energética en el país.
Ese concepto, que describe un área donde la calidad de vida y el medioambiente fueron afectados de forma sostenida por la actividad industrial, fue adoptado en un memorando del Congreso chileno en julio de 2022.
Si bien el país sudamericano, con importantes recursos solares y eólicos, lanzó en 2019 un ambicioso plan para cerrar antes de 2040 sus 28 centrales de carbón, incluidas las ocho de Mejillones, también debe restaurar las áreas afectadas durante años.
“La deuda de Chile y los impactos de la generación de energía en base a carbón son considerables en el contexto de la crisis climática, pero también por los impactos que tiene en las zonas de sacrificio”, señaló Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino (Argentina, Chile y Colombia).
Las personas no deben quedar “completamente desprotegidas porque una empresa va, explota un determinado territorio y luego se va”, opina.
Reclama una “transición justa” que no solo permita abandonar los combustibles fósiles, sino también “reconvertir esos territorios, repararlos y permitir que actividades que se han visto afectadas puedan recuperarse en el tiempo”.
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Cáncer en etapa 4
En el muelle del puerto pesquero de esta localidad de 13,000 habitantes en pleno desierto de Atacama, a 1,400 km de la capital Santiago, José González, de 58 años y con una gorra negra para protegerse del sol sofocante, describe el cáncer en etapa 4 que padece.
Abajo, un grupo de leones marinos espera los restos que un pescador local está a punto de arrojarles, atrayendo a unos cuantos curiosos.
“Hay una contaminación inmensa aquí”, dice este funcionario portuario, actualmente con licencia por enfermedad, mientras señala el rosario de empresas vinculadas a la industria química y otras centrales de carbón que han surgido a lo largo de esa vasta bahía sobre el Pacífico.
Sin embargo, no es fácil para los habitantes que viven en zonas contaminadas demostrar que eso está ligado al cáncer que padecen.
“Pueden pasar hartos años antes de que uno se dé cuenta” de un vínculo, explicó Michel Marín, presidente del Colegio Médico de Antofagasta, que pide que las empresas realicen estudios en profundidad que demuestren que sus actividades no suponen ningún peligro para la salud antes de ponerlas en marcha.
“La historia se repite” de otras formas, subraya el cirujano, y cita la contaminación por plomo o amianto.
La quema de carbón libera en el aire muchas sustancias químicas nocivas. Aunque la instalación de filtros ha contribuido a reducir estas emisiones desde hace tiempo, aún hay “polución porque los parques de carbón son abiertos”, señala el concejal Manuel Monardes Rojas.
No obstante, destaca la distancia entre la zona industrial y el pueblo y su playa, que según él es una “zona limpia”. “Mejillones ahora está enfocado como municipalidad en la parte turística”, apunta.
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“Menos especies”
En este verano chileno, solo un puñado de bañistas desafía las frías aguas de la bahía, mientras algunos turistas descansan bajo sombrillas de paja.
Para José Sánchez, secretario del sindicato de pescadores artesanales de Mejillones, el sector se encuentra en una situación desesperada. “El fondo marino está contaminado, hay menos especies, menos moluscos, perdimos todo”, dice. Asegura que de las 300 personas que se dedicaban a la pesca allí, hoy solo queda la mitad.
“La bahía está muerta”, se queja este hombre de cabellos entrecanos.
Un estudio realizado en 2019 y financiado por la región de Antofagasta demostró la importante presencia de metales pesados y materia orgánica en la bahía debido al vertido de residuos industriales y aguas residuales.
Así como determinar la causa de los casos de cáncer entre la población podría llevar años, obligar a las empresas a reparar el daño medioambiental causado por sus instalaciones tampoco va a ser fácil.
Las centrales de carbón más antiguas “no tienen una obligación jurídicamente vinculante de hacerse cargo de las consecuencias ambientales” de sus actividades, señaló el ministro chileno de Energía, Diego Pardow, en un reciente encuentro con la prensa francesa en Santiago.
“Eso es parte del desafío de lo que tenemos que conseguir ahora. Que no sea simplemente apagar un ‘switch’ (interruptor), sino hacerse cargo de todo lo que supone”, añadió.
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