Únete al canal de GestiónActivistas ambientales y abogados se mostraron este viernes cautos pero optimistas sobre las opciones de éxito de Panamá frente al arbitraje internacional iniciado por la canadiense First Quantum Minerals (FQM), luego de que la Corte Suprema panameña declaró esta semana inconstitucional el contrato mediante el cual explota en este país la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Minera Panamá SA (MPSA), la filial de FQM que explota la mina Cobre Panamá “inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año con la empresa”, un proceso que “se llevará a cabo en Miami, Florida”, indicaron este viernes las empresas en un comunicado.
Reiteraron además que ya presentaron ante el Ministerio de Comercio e Industria “una notificación de intención de iniciar un arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá”.
LEA TAMBIÉN: Cese de una mina golpea economía y elevará incertidumbre en 2024 en Panamá
La especialista panameña en derecho ambiental internacional Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), recalcó a EFE que el mismo fallo que declaró el pasado 27 de noviembre la inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que daba vida al contrato minero, “considera que esta decisión no daría pie a una reclamación de la empresa”.
Eso es así porque con el fallo “se están ejerciendo las facultades de policía del Estado para proteger el bienestar de su población, para proteger el ambiente y la salud de las poblaciones cercanas”.
La empresa canadiense compró a riesgo
Un contrato anterior también fue declarado en el 2017 inconstitucional por el Supremo en respuesta a un recurso en ese sentido interpuesto en el 2009 por el CIAM.
En el momento de que FQM adquiere la concesión “conocía de la existencia de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el CIAM y de otra del licenciado Juan Ramón Sevillano. Asumió un riesgo”, dijo Ábrego.
“Hay una mala fe de la empresa, ellos compraron un contrato que tenía una demanda de inconstitucionalidad (la de 2009) e invirtieron dinero sabiéndolo”, dijo a EFE el analista José Stoute.
LEA TAMBIÉN: First Quantum advierte sobre resultados “catastróficos” tras cierre de mina en Panamá
Tanto Stoute como la abogada del CIAM señalaron que la cláusula 46 del contrato minero de 2023, “de alguna manera salvaguarda los procesos de revisión de la integridad de la Constitución de los procesos de arbitraje”.
“Nadie puede decir cuál será la decisión (arbitral), son procesos muy complejos y demorados, se habla de más de 5 años, pero los elementos del mismo fallo (de inconstitucionalidad) van a ser un factor importante de esa decisión”, añadió Ábrego.
Un equipo de defensa “íntegro”
El fallo que declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada Minera Panamá, señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.
Esto ha desatado la desconfianza en el Gobierno de Laurentino Cortizo de cara a la defensa en los tribunales internacionales.
“Queremos un equipo probo, íntegro, que defienda los intereses nacionales, necesitamos que haya transparencia y que nos diga, para que pasen el escrutinio público, quiénes son los que nos van a defender”, dijo el constitucionalista Ernesto Cedeño.
La activista ambiental Raisa Banfield dijo a EFE que toca al país “organizarse y generar las auditorías para documentar los daños y afectaciones” causados por la mina, que está enclavada en el Corredor Biológico Centroamericano según sostienen los ambientalistas.
El fallo de inconstitucionalidad “no solo nos da herramientas para defendernos ante las pretensiones de FQM, sino que nos da herramientas para demandarlos”, agregó Banfield.
Federico Alfaro, que este jueves renunció al cargo de ministro de Comercio y fue quien negoció el malogrado contrato, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta US$ 100,000 millones dado el conflicto minero, una cifra que analistas han reducido a entre 15,000 y 18,000 millones de dólares e incluso menos.
LEA TAMBIÉN: Startup chilena enfocada en extraer más cobre se expande a EE.UU. y mira a Perú
