Tras más de 20 años de negociación, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado a un acuerdo con el que acabar con los subsidios que favorecen la sobrepesca, “un logro trascendental para la sostenibilidad oceánica” que supone además el cumplimiento de “la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Así lo ha señalado el presidente de las negociaciones sobre este acuerdo en la OMC, Santiago Wills, quien ha subrayado la importancia de que se haya aprobado el texto pues es el segundo acuerdo multilateral que establece nuevas normas comerciales al que llega la OMC en los 27 años de su historia.
Se calcula que cerca de US$ 35,000 millones se destinan cada año a subsidiar la pesca a nivel global y que, de estos, US$ 22,000 millones son negativos para la propia actividad pesquera, al fomentar la sobreexplotación de los caladeros y acelerar el declive de las poblaciones de peces, según los conservacionistas.
Uno de los mandatos de los ODS, recogidos en el objetivo 14 sobre la conservación de la vida submarina, dictaba que para el 2020 se debían “prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva” y a la furtiva o no declarada.
La OMC intentó cerrar el acuerdo antes del 2020 y finalmente -retrasados por la pandemia, según Wills-, lo ha logrado en su última ministerial, a mediados de junio, en cuyas últimas 50 horas “nadie durmió”, cuenta Wills.
Para su entrada en vigor, el texto deberá ser ratificado por al menos dos terceras partes de los miembros de la OMC, algo que el diplomático espera ocurra en los próximos dos o tres años, poco antes de lo que sería habitual según los procedimientos de la OMC, en vista de la “urgente” necesidad de alcanzar la sostenibilidad oceánica.
Según las nuevas normas comerciales, no se podrán conceder subvenciones a la pesca en alta mar no regulada, “sin excepción”, y tampoco para la captura de especies ya sobrepescadas, resume Wills.
Por otro lado, si se detecta que una ayuda se ha otorgado a una embarcación que se ha dedicado a la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés), “se activaría la prohibición y habría que retirar el subsidio”.
Una vez entre en vigor el acuerdo, habrá una “segunda ola de negociaciones” para seguir atajando “con más fortaleza” las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad pesquera, que, más que un tipo concreto de ayuda, tiene que ver más con el efecto: cualquier subsidio puede ser dañino, aclara.
No se trata de acabar con todas las subvenciones a la actividad pesquera, incide, sino de redirigir ese dinero que fomenta el agotamiento de los océanos para la investigación, por ejemplo, sobre cómo generar pesquerías sostenibles, o a pagar a las embarcaciones por, directamente, no faenar.
Otro punto novedoso del acuerdo es la creación de un fondo de financiación para ayudar a los países menos desarrollados a implementar las nuevas normas internacionales, paliando por ejemplo la falta de mecanismos de control para prevenir la pesca furtiva o la sobreexplotación de los caladeros.
20 años de negociación
Las negociaciones llevaban atascadas más de dos décadas, con algunos asuntos enquistados como la precisión de qué subsidios son más dañinos, y por las diferentes concepciones de lo que significa “ambición” en el texto, aduce el diplomático.
A su juicio, algo que ha ralentizado la aprobación del acuerdo es la mentalidad dentro de la OMC, acostumbrada a lidiar con asuntos de subvenciones en clave económica -atendiendo por ejemplo al impacto sobre los precios- y que ahora ha tenido que entender que disminuir el esfuerzo pesquero es una prioridad ambiental pero también económica.
Por otra parte, sugiere que, “desde el punto de vista técnico y político”, se trata de un tema complejo al afectar a un sector “muy sensible”, y las consecuencias del acuerdo tenían “diferencias muy amplias” en función del país, pues en algunos predominan las grandes flotas industriales y, en otros, la pesca artesanal.