Lideresas de comunidades rurales de Bolivia, Ecuador y Colombia exigen a sus respectivos Estados que tomen acciones concretas para combatir la violencia de género en los entornos rurales, y adoptar una “nueva ruralidad”, se informó este martes.
La petición se hizo tras una reunión de lideresas llevada a cabo en Quito entre el 24 y el 26 de abril, en el marco del diálogo regional ‘Mujer: Fortaleza y Liderazgo desde lo local, inspirando al mundo’, organizado por la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía MEGA, y con el apoyo de la Red de Mujeres por la Democracia.
Las lideresas comunitarias aseguran en un manifiesto difundido en Quito que las violencias que sufren basadas en el género se ven amplificadas por otras realidades como “ser indígenas, negras, hablar otra lengua, tener una condición económica vulnerable” o “vivir en una diversidad territorial”.
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Asimismo, señalan que el crimen organizado y el narcotráfico aumentan los niveles de violencia e inseguridad, lo que -explican- favorece que las mujeres sean “tomadas como un instrumento, un territorio de conquista en medio de una guerra”.
También denuncian que enfrentan violencia política y rechazan que las leyes de paridad se hayan reducido a “cumplir cuotas” en cargos de elección popular, sin incluir a las administraciones comunitarias.
Exigen así a sus Gobiernos una “nueva ruralidad” que garantice su presencia en la toma de decisiones y que reconozca el derecho al territorio, así como a las lenguas nativas.
Acciones para erradicar la violencia de género
Con el objetivo de combatir la violencia de género, las lideresas solicitan medidas concretas que incluyan datos actualizados y desagregados por sexo y etnia, entre otros indicadores, para conocer la dimensión real de estas violencias.
Reclaman también la creación de centros de atención integral y casas de acogida para víctimas de malos tratos en sectores rurales.
En esta línea, solicitan la implementación de mecanismos tecnológicos efectivos para que las medidas de protección establecidas en la ley, como el botón de pánico o las líneas de atención y alerta máxima, funcionen sin incidencias.
Para todo ello, consideran indispensable que se aseguren presupuestos diferenciados con enfoque de género dirigidos al entorno rural.
Otra de las reivindicaciones es la creación del Ministerio de la Mujer en los países de la región que aún no exista y fortalecer el presupuesto en caso de que se cuente con este organismo.
En Bolivia, el 55% de las mujeres rurales trabaja de manera no remunerada, en Colombia, el 92.9% y en Ecuador, el 45%, según datos de la Fundación Alternativa, con sede en Madrid.
Por este motivo, defienden implementar una jubilación diferenciada entre hombres y mujeres que equipare el trabajo no remunerado realizado por estas últimas durante toda su vida.
Entre otras peticiones, se incluyen proteger el acceso a la salud y la educación, desde una perspectiva intercultural, para los hijos de las familias del sector rural, así como garantizar el acceso a una educación sexual y reproductiva basada en el consentimiento.
Por su parte, las organizaciones firmantes del manifiesto se comprometen a darle seguimiento a estos planteamientos a través de la construcción de una red regional andina.
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