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Recibir newsletterLos ecologistas adoran a Claudia Sheinbaum, pero ¿la conocen bien? Cuando tome posesión de su cargo el 1 de octubre, se convertirá en la primera presidenta de la historia de México y, además, una con credenciales ecológicas. Sheinbaum es doctora en ingeniería energética y formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que ganó el premio Nobel en 2007 por su trabajo sobre el calentamiento global.
Su triunfo en las elecciones renovó la esperanza de que, tras seis años de desastrosas políticas energéticas del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, México pueda volver a convertirse en líder de las energías limpias.
Sin embargo, a pesar de sus antecedentes, Sheinbaum, protegida de López Obrador, parece dispuesta a desaprovechar el potencial de México en energías limpias. Habla de la transición ecológica, pero insiste en que las empresas estatales, como Pemex, la compañía petrolera estatal, la dirijan. Peor aún, es una firme defensora de la reforma constitucional que impulsa su mentor.
La revisión socavaría el poder judicial y desmantelaría al regulador energético, el organismo antimonopolio y una serie de otros organismos independientes que, según López Obrador, conocido como AMLO, “no tienen ningún propósito”. En su lugar, los permisos y similares serían aprobados por la Secretaría de Energía. Los inversionistas temen verse obligados a asociarse con empresas estatales. La nueva legislatura, que iniciará actividades el 1 de setiembre y en la que el partido de AMLO cuenta con una amplia mayoría, parece dispuesta a aprobar la reforma.
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Es difícil exagerar el potencial de las energías renovables en México. El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que tiene capacidad para producir 25,000 gigavatios (GW) de energía solar, 3,700 GW de energía eólica y otros tantos de energía geotérmica e hidráulica combinadas. Todo ello bastaría para cubrir cien veces las necesidades de electricidad de México. Después de que el sector se abrió a la competencia en 2013, las empresas privadas y los extranjeros acudieron en masa a invertir. En pocos años, México producía la energía solar más barata del mundo.
Todo esto se revirtió cuando AMLO asumió el poder en 2018. Su política energética se ha centrado en impulsar Pemex y reimponer el monopolio de la empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto ha sido malo para los mexicanos, cuyas facturas de energía han aumentado junto con los apagones, y malo para el mundo, ya que el petróleo de Pemex es particularmente sucio.
Sacudida del pasado
AMLO creció en Tabasco, un estado rico en petróleo, durante el auge petrolero de los años setenta. Se aferra a una visión de Pemex que ha quedado obsoleta. En 2004, Pemex producía casi 3.5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy gestiona alrededor de 1,8 millones. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo, ya que debe cerca de US$ 100,000 millones (el equivalente al 5% del PBI de México) en su mayor parte a acreedores extranjeros. Es muy ineficiente: produce solo 15 barriles de petróleo por trabajador, comparados con 80 de la petrolera estatal colombiana.
AMLO ha intentado revivir los días de gloria de la compañía dándole una lluvia de beneficios fiscales y de otro tipo por valor de más de un colosal 1% del PBI al año. En 2018 prometió construir una refinería en su estado natal por US$ 8,000 millones. Se terminó en 2022 con un costo de US$ 19,000 millones, y aún no ha comenzado a funcionar en su totalidad.
Y lo que sucede con el petróleo, también sucede en el caso de la electricidad. El monopolio de la CFE empezó a venirse abajo tras las reformas de 2013. Según las nuevas normas, los proveedores de energía más baratos y ecológicos tenían prioridad para vender a la red. La CFE empezó a perder cuota de mercado con rapidez.
AMLO ha tratado de revertir las pérdidas de la CFE. Presionó al regulador energético para que retrasara los permisos para las empresas de energías renovables y canceló varias subastas de energía limpia. En 2021, el Congreso aprobó una ley que cambió el orden en que la electricidad se envía a la red, poniendo las energías renovables detrás de cualquier energía generada por la CFE. De hecho, el gobierno ha limitado la participación del sector privado en la generación al 46%. En respuesta, Estados Unidos y Canadá iniciaron una disputa con México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo de libre comercio entre los tres países. La inversión extranjera en el sector energético mexicano cayó de casi US$ 7,000 millones en 2017 a menos de 3,000 millones el año pasado.
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En enero, la Suprema Corte dictaminó que la ley de 2021 era inconstitucional, lo que enfureció a AMLO. Ahora su partido tiene la oportunidad de anular el fallo.
Como científica medioambiental, Sheinbaum es una insólita aliada de AMLO. Dice: “Las energías renovables serán sello de mi gobierno”, y prometió durante su campaña gastar casi US$ 14,000 millones en la industria energética. Incluso ha mencionado la necesidad de reestructurar la deuda de Pemex. Según un asesor, el gobierno entrante concederá permisos a las empresas de energías limpias.
Sin embargo, Sheinbaum también se compromete a mantener el control del 54% del mercado eléctrico por parte de la CFE y afirma que Pemex debería diversificar sus actividades hacia el litio, el hidrógeno verde y las energías renovables. La próxima ministra de Energía, Luz Elena González Escobar, afirma que “la primera prioridad será garantizar la soberanía energética”, lo que suena a que el gobierno seguirá impulsando las refinerías. El 12 de agosto, Sheinbaum nombró directora de la CFE a Emilia Esther Calleja, quien actualmente supervisa la unidad de generación de energía de la empresa, que se encuentra en dificultades.
Montserrat Ramiro, quien fue parte del consejo del regulador energético, afirmó que estas propuestas no son compatibles. Ramiro opina que la única forma de mantener la cuota del 54% de la CFE es seguir dificultando la actividad de los proveedores privados (el asesor dice que pueden asociarse con la CFE). Sheinbaum promete aumentar la energía hidroeléctrica, ya que la mayoría de las centrales hidroeléctricas pertenecen a la empresa. Sin embargo, según Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad, la nueva energía hidroeléctrica es “inviable”. México es un país propenso a la sequía y la construcción de presas es costosa. Sheinbaum heredará un déficit presupuestario del 5% del PBI, el más alto de los últimos 30 años.
Mientras tanto, la promesa de la presidenta entrante de invertir US$ 14,000 millones en el sector energético es insuficiente. Según el Grupo Financiero Banorte, un banco local, la deficiente red eléctrica necesita más de US$ 38,000 millones para satisfacer la demanda en los próximos cinco años.
La reticencia de Sheinbaum a abandonar las políticas estatistas de su mentor perjudicará a la economía mexicana. En una encuesta reciente, el 91% de los parques industriales de una muestra declararon que los problemas con el suministro energético eran la principal razón por la que retenían las inversiones. La mayoría de las empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa tienen ahora objetivos para reducir sus emisiones, lo que significa que sus fábricas necesitarán energía limpia para funcionar. Si México no se la proporciona, se lo pensarán dos veces antes de iniciar su actividad.
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