El cuerpo fue localizado en un matorral al lado de un elegante club de golf en las afueras de Culiacán, la capital del estado noroccidental de Sinaloa. Fue descubierto por un “colectivo” local de madres, esposas y hermanas, que se reúnen para buscar a sus familiares desaparecidos.
En teoría, las autoridades identificarán el cuerpo y tratarán de emparejarlo con el registro de personas desaparecidas en México. Según dice María Isabel Cruz, quien busca a su hijo desde 2017, en la práctica eso es poco probable.
A medida que se acercan las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar echando tierra sobre la cuestión de las personas desaparecidas en México. En junio del año pasado anunció un nuevo “censo” de desaparecidos, para estar “completamente seguros de cuántas personas desaparecidas hay en realidad”.
En diciembre, el gobierno declaró que solo 12,377 de las 110,964 personas que aparecen en el registro estaban definitivamente desaparecidas. “Esperábamos que el número disminuyera, pero no tanto”, dice Cruz, quien usa una camiseta estampada con el mensaje: “Hasta encontrarlos”. “Están borrando a los desaparecidos”, afirma.
El censo no es la única decepción que han sufrido los familiares de los desaparecidos recientemente (por desgracia, pocos mexicanos prestan atención al problema). La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una agencia gubernamental, ha estado en conflicto desde que Karla Quintana, su excomisionada, renunció en protesta por el censo.
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Su personal fue despedido y su presupuesto, ya de por sí escaso, no ha sido modificado. La opinión generalizada respecto a la nueva comisionada es que no está calificada. El gobierno desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya tarea era la de identificar cadáveres, incluidos más de 52,000 que ya están en sus registros. De un total de 59 especialistas forenses, 40 fueron despedidos.
La tragedia de las personas desaparecidas en México no comenzó con el gobierno de López Obrador, pero ha empeorado durante su mandato. La anotación más antigua del registro es de 1962, pero la gran mayoría de los registros datan de 2006. Las desapariciones (y los asesinatos) se dispararon después de que el gobierno de Felipe Calderón inició la llamada guerra contra las drogas.
Las pandillas se dividieron y lucharon entre sí, lo que resultó en una violencia terrible. Durante el sexenio de Calderón, un promedio de ocho personas al día desaparecieron. Desde que López Obrador asumió el poder en 2018, esa cifra aumentó a uno por hora.
Parte del aumento quizás se deba a un sistema mejorado de presentación de informes. La versión más reciente del registro se creó apenas en 2019. Pero la seguridad, sin duda, se ha deteriorado durante el gobierno de López Obrador, cuya postura pasiva ha empoderado a las pandillas, que probablemente son las responsables de la mayoría de las personas desaparecidas, mediante el secuestro de miembros de pandillas rivales y el reclutamiento forzado de miembros.
El 96% de todos los casos penales denunciados ante las autoridades no llegan a una resolución. Es probable que la mayoría de los desaparecidos estén muertos, lo que socava la afirmación de López Obrador de que los asesinatos disminuyeron durante su presidencia. Desde 2018 se han encontrado al menos 2,710 fosas clandestinas en México.
La postura moderada de López Obrador respecto a las personas desaparecidas representa un cambio tanto en la retórica como en la política. Durante la campaña electoral prometió una “comisión de la verdad” que resolvería el emblemático caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes de una escuela normal rural fueron secuestrados en un pueblo cercano a la Ciudad de México en 2014 con la participación de fuerzas de seguridad del Estado. Su gobierno creó el CNIH y puso en marcha una base de datos para cotejar el ADN de los cuerpos de personas desaparecidas con el de sus familiares. AMLO aumentó el presupuesto de la CNB en más de un 40% entre 2022 y 2023.
Pero el presidente se molestó cuando quedó claro que el número de personas desaparecidas bajo su mandato superó al de sus predecesores, dice Marcela Turati, periodista que dirige un sitio web dedicado a las personas desaparecidas. En julio, los expertos internacionales que trabajaban en el caso Ayotzinapa abandonaron México y condenaron el secretismo del gobierno.
La afición de López Obrador por el Ejército ha obstruido las investigaciones. Últimamente se ha negado a reunirse con familiares de los desaparecidos. El 6 de marzo tuvo lugar una protesta en el Palacio Nacional contra la falta de respuesta de López Obrador ante el caso de Ayotzinapa.
Ni los analistas ni los familiares se opusieron a la actualización del registro (lo que también hicieron los gobiernos anteriores). Pero los métodos de López Obrador fueron “tan toscos, tan estúpidos, con tantos errores que han causado más daño y más dolor”, dice Turati. La metodología ha sido ininteligible, señala Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, una ONG, y algunos detalles se anunciaron solo después de que el proceso había comenzado. Se reclutó a personas leales al presidente conocidas como “Servidores de la Nación”, que no están especialmente capacitadas, para visitar a la gente y hacer llamadas.
Contando con Kafka
Es poco probable que la nueva cifra sea más precisa que la anterior. De hecho hay casos de registros duplicados, dice Eduardo Guerrero, analista de seguridad. Un familiar suyo fue un ejemplo de eso. Pero el escenario más probable es que la información sea insuficiente, no excesiva, afirma Rivas. Muchas personas desaparecidas no aparecen registradas en absoluto. Con frecuencia, las autoridades se niegan a aceptar informes de desapariciones.
Algunos familiares no denuncian la desaparición de sus familiares por miedo, o para poder seguir reclamando sus pagos de seguridad social. Como señala un líder de un colectivo, el número de cadáveres no identificados en los libros del CNIH es mucho mayor que la nueva cifra oficial de personas desaparecidas.
Existe el riesgo de que las sutilezas numéricas desvíen la atención del problema principal: decenas de miles de personas están desaparecidas y las autoridades no las buscan. Le corresponde a los colectivos hacer las búsquedas. López Obrador está deshaciendo el poco progreso que logró. Tiene razón cuando dice que se necesita información precisa, pero está modificando ese objetivo para adaptarlo a fines políticos.
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