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México no cederá en la controversia planteada por Estados Unidos y Canadá contra su política energética, en el marco del tratado comercial de Norteamérica T-MEC, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Nos vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, aseguró el mandatario de izquierda.
López Obrador insistió en que “no hay ninguna violación” al T-MEC, el acuerdo que reemplazó el 1 de julio del 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) vigente desde hacía casi 25 años.
“Que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso”, enfatizó.
Estados Unidos solicitó el miércoles consultas para resolver disputas sobre la política energética del gobierno mexicano, primer paso en un proceso que podría conducir a represalias comerciales.
México cuenta con diez días para notificar si realizará o no la revisión de ese requerimiento, de acuerdo con la secretaría de Economía, encargada de coordinar la defensa del Estado.
Canadá se sumó a la solicitud estadounidense, ante lo cual ese ministerio anunció que “buscará mantener un proceso coordinado” con ambos socios para “discutir el alcance” de sus pedidos.
López Obrador libra una dura batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía, mediante reformas a las leyes que regulan el sector.
Pero Washington estima que esa política beneficia a la compañía eléctrica pública CFE y a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, en contradicción con el T-MEC.
El mandatario mexicano leyó este viernes el capítulo 8 del tratado, que a su juicio establece como “inalienable” el derecho del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.
Los cambios a la legislación han generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos, Canadá (sus socios en el T-MEC) y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que la transmisión y distribución son monopolio del Estado.
El gobierno mexicano fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal sobre toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.
