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La reforma eléctrica propuesta por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, podría presentar dificultades para los más de US$ 22,000 millones en instalaciones solares, eólicas y otras instalaciones de energía renovable propiedad de importantes empresas extranjeras como Iberdrola SA y Sempra Energy.
El proyecto de ley planteado a los legisladores el mes pasado cancelaría algunos permisos de generación de electricidad otorgados a operadores extranjeros y daría prioridad a las antiguas plantas hidroeléctricas, nucleares y de gas natural administradas por la estatal Comisión Federal de Electricidad, o CFE.
Los proyectos eólicos y solares pasarían al final de la lista, superando solo la generación a gas y carbón de proveedores no estatales. El proyecto de ley busca una garantía constitucional de que la CFE posea el 54% del mercado en comparación con el 38% actual.
Aunque las empresas no estatales mantendrían hasta un 46% del mercado eléctrico, se espera una revisión de los contratos actuales. Están en juego hasta 15,000 megavatios de generación de energía limpia, según BloombergNEF.
López Obrador llegó al poder con la promesa de expandir el control estatal de la energía de México reduciendo reformas previas favorables al mercado. Ha sido criticado por compañías de energía renovable y grupos ambientalistas por impulsar una agenda pesada en combustibles fósiles en un momento en que otras naciones están trabajando para frenar las emisiones.
Las empresas extranjeras han invertido mucho en México desde que su mercado eléctrico se abrió a la inversión privada en el 2013 y 2014.
Cabilderos de las energías renovables han advertido que los cambios propuestos podrían socavar las promesas que hizo México en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
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Obtener la aprobación del proyecto de ley no será fácil y requerirá que el partido gobernante de AMLO, Morena, y los aliados legislativos convenzan a los legisladores de la oposición para obtener la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación en ambas cámaras. La medida también requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La actual sesión del Congreso finaliza a mediados de diciembre, lo que deja a los legisladores solo unas pocas semanas para definir los detalles de cualquier acuerdo. Se espera que los legisladores federales y estatales voten en su totalidad sobre el proyecto de ley a mediados de abril, según Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados.
Los bonos de CFE bajaron, lo que indica que los inversionistas no esperan que el proyecto de ley obtenga la aprobación final. La consultora de riesgo político Eurasia Group otorga a la medida solo un 30% de posibilidad de aprobación.
Aun así, funcionarios del partido opositor PRI le han dicho a Bloomberg que existe la posibilidad de que tenga éxito después de que sus propios líderes dijeran que quieren debatir la medida y no rechazarla de plano.
