Tomaría años, si es que alguna vez ocurre, para que México logre lo que exige el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles: frenar el flujo de migrantes y drogas a través de la frontera.
Por eso los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para evitar una guerra comercial en toda regla podrían consistir más bien en hacer lo suficiente para que ambas partes puedan presumir de éxito.
Incluso una rápida llamada telefónica —dos días después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a su vecino del sur— pareció cambiar el tono: Trump dijo en las redes sociales que la presidenta mexicana había acordado “impedir que la gente vaya a nuestra frontera sur, con efecto inmediato”.
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Sheinbaum, por su parte, aseguró a sus electores que había planteado a Trump el enfoque actual de México hacia la migración, que, según subrayó, respeta los derechos humanos, y que un nuevo acuerdo de colaboración evitaría nuevos aranceles, sin proporcionar detalles.
Todo el intercambio recordó al primer mandato de Trump, cuando este amenazó con enviar tropas para cerrar la frontera y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió enviando a la Guardia Nacional para ayudar a detener a los migrantes. La medida tuvo un efecto inmediato limitado, pero envió una fuerte imagen que resultó suficiente para al menos evitar los aranceles de hasta el 25% sobre todas las importaciones procedentes de México.
Las amenazas de Trump tienen un “doble objetivo”, dijo Palmira Tapia, politóloga que trabaja actualmente para el gobierno del Estado de México. El presidente electo de Estados Unidos, dijo, busca simultáneamente apelar a sus electores y fortalecer su posición en las negociaciones sobre migración, drogas y comercio.
Sheinbaum también enfrenta dos retos: la presidenta ahora debe encontrar una manera de apaciguar a Trump para evitar aranceles que podrían afectar el 11% del producto interno bruto de México, evitando al mismo tiempo la percepción —en casa y en la Casa Blanca— de que se doblegará fácilmente ante las demandas del norte.
Realidad migratoria
México ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla para Estados Unidos en materia de política migratoria. Los sucesivos presidentes estadounidenses le han encomendado reforzar su seguridad fronteriza, aumentar los controles en las carreteras y retirar a los migrantes de los trenes de mercancías a los que suelen subir.
A pesar de que la migración aumentó mucho más allá de los niveles de 2019 en los años posteriores al espectáculo de López Obrador de militarizar la frontera, México ha seguido siendo un socio a veces dispuesto, aceptando a la mayoría de los millones de migrantes que fueron rechazados rápidamente en la frontera estadounidense durante la pandemia.
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Pero no siempre ha estado dispuesto a ayudar: La administración Biden a menudo consideraba que AMLO, como se conocía al ex presidente, necesitaba que se le recordara con frecuencia lo que se esperaba de él en materia de cumplimiento de la ley. En 2023, funcionarios del gabinete de Biden incluso visitaron a AMLO en Ciudad de México pocos días después de Navidad para instarle a hacer más mientras un número récord de migrantes llegaba a la frontera.
Bajo la presión de la Casa Blanca durante las elecciones estadounidenses, México le ayudó a disminuir los cruces fronterizos en un 65% durante un periodo de 11 meses a partir de diciembre de 2023.
Para ello, las autoridades mexicanas han estado deteniendo a migrantes en el norte del país y enviándolos en autobús hacia el sur. Allí se ven obligados a esperar hasta que consiguen una cita oficial para solicitar asilo en Estados Unidos, lo que puede llevar meses, si es que llega a ocurrir. El resultado es que, entre enero y agosto, el número de detenciones de inmigrantes indocumentados ha aumentado más del doble que un año antes, aunque México ha deportado a pocos.
Según los expertos, esto está creando una crisis humanitaria en algunas de las ciudades del sur a las que se envía a los inmigrantes. También está aumentando las tensiones con la población local, que argumenta que no hay suficientes empleos ni recursos para acoger a los recién llegados.
Para reducir aún más los cruces fronterizos con Estados Unidos, México podría llevar a cabo deportaciones masivas u ofrecer más oportunidades a los inmigrantes en su territorio. Ambos escenarios parecen poco realistas.
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Simplemente aumentar las deportaciones iría en contra de la política de López Obrador —que Sheinbaum heredó— de intentar solucionar los problemas en sus países de origen que les empujaron a marcharse, y supondría un gasto para México. Tras la llamada de Sheinbaum con Trump, reiteró que su gobierno ofrece a los migrantes opciones de protección internacional en su territorio o el “retorno voluntario o asistido” a sus países.
La segunda opción tampoco parece viable: La mayoría quiere ir a Estados Unidos, donde esperan tener empleos mejor pagados, más apoyo familiar o comunitario y mayor seguridad que en México.
Desvíos químicos
Las muertes relacionadas con el fentanilo, el opioide sintético barato, han alcanzado niveles epidémicos en Estados Unidos son muy altos. Por eso, frenar el flujo de la droga estaba en la lista de exigencias de Trump.
Si la historia reciente sirve de indicio, la intervención nunca es sencilla. La detención en Estados Unidos de un presunto líder narcotraficante mexicano ha provocado prolongados tiroteos en los últimos meses. Y en cualquier caso, algunos académicos argumentan que simplemente confiscar más drogas significa que los traficantes aprenden a producir más, para satisfacer la demanda estadounidense.
Hasta ahora, México se ha esforzado por mejorar sus capacidades técnicas para detectar sustancias ilícitas en sus puertos, especialmente precursores químicos y fentanilo.
Sheinbaum también eligió al ex jefe de Policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, para dirigir una nueva estrategia de seguridad nacional, una medida que se interpretó en México como una señal de su voluntad de aumentar la aplicación de la ley en ámbitos en los que la administración anterior se había mostrado más indiferente.
Se podría hacer más, pero sería difícil. Tratar de incautar estas sustancias en los puertos es insuficiente porque las drogas sintéticas tienden a ser muy pequeñas, lo que las hace más difíciles de detectar que las drogas tradicionales, dijo Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime. Quienes las producen suelen innovar con sus recetas y utilizar nuevos químicos que no son ilegales.
“México puede abrir vías de colaboración con el sector privado, con la industria química, porque conocen perfectamente sus cadenas de suministro y las zonas vulnerables donde podría haber desvíos” dijo. “Esta colaboración es esencial”.
México también puede trabajar para identificar a los intermediarios que conectan a los productores de fentanilo con los proveedores de químicos en el extranjero y en el país, personas que trabajan en ciertas empresas y están autorizadas para desviar estas sustancias, según Dittmar.
Sin embargo, “la principal debilidad es no poner la reducción de la demanda como prioridad para prevenir las muertes por sobredosis”, dijo Dittmar. “Es una responsabilidad compartida. No es solo culpa de México, Estados Unidos o Canadá, sino que es un problema que afecta a toda la región de América del Norte”.
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