México concluyó sus planes para tomar el control de un puerto y una cantera propiedad de Vulcan Materials Co. en su costa caribeña, lo que agrava las tensiones días antes de que el presidente de la nación abandone su cargo.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró área natural protegida la zona situada al sur de las ciudades turísticas de Cancún y Playa del Carmen, según un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación horas después de que legisladores estadounidenses trataran de disuadirlo de tomar dicha medida.
La medida impide a la constructora, con sede en Alabama, extraer piedra caliza en un emplazamiento que lleva décadas desarrollando. El martes por la mañana, sus acciones cayeron un 1.2% hasta US$ 249.46 en Nueva York.
“La expropiación de las tierras y el puerto propiedad de nuestra empresa es otra escalada y es una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte”, dijo Vulcan en un comunicado. “Esta medida ilegal tendrá un efecto paralizante y a largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y México”.
La compañía dijo previamente que las acciones del gobierno de López Obrador son ilegales, y que añadiría las medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso.
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La expropiación de esta semana supone otra medida contra los intereses empresariales por parte de López Obrador, un nacionalista acérrimo que termina su único mandato de seis años este mes. El nuevo Congreso tomó posesión el 1 de septiembre, después de que las elecciones parlamentarias de junio dieran al partido del presidente una amplia mayoría en ambas cámaras. Desde entonces, logró la aprobación de una reforma judicial que suscitó las críticas de los inversionistas internacionales.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, no ha hecho comentarios públicos sobre el asunto de Vulcan desde su aplastante victoria. Pero hace un año dijo que esperaba que la empresa aceptara la oferta del gobierno de comprar el terreno.
Bloomberg News informó en julio que AMLO, como se conoce al presidente saliente, se acercaba a la designación de protección. El año pasado, Vulcan buscó la intervención de la administración Biden contra lo que veía como la amenaza de una expropiación gubernamental de la propiedad de la Riviera Maya. Dijo que una tasación de US$ 360 millones infravaloraba profundamente los activos.
El lunes, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses propuso una ley para presionar a AMLO para que diera marcha atrás en el plan de expropiación.
Vulcan ha estado en litigio con México desde 2018 bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como Nafta. El pacto fue reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá durante la administración Trump.
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AMLO había alegado previamente daños ambientales y envió a las fuerzas armadas a ocupar el terreno. El director general de Vulcan defendió su historial ambiental, citando premios internacionales y sus esfuerzos de reforestación.
Vulcan no es la única empresa extranjera que ha recurrido a la justicia tras una intervención del gobierno de AMLO. En diciembre, México tomó el control de las operaciones de una planta de procesamiento de hidrógeno propiedad del fabricante francés de gases industriales Air Liquide. El año pasado, AMLO anunció planes para comprar activos energéticos por US$ 6,000 millones a Iberdrola SA, después de que la empresa española se enfrentara a la hostilidad política de México, que afectó sus permisos y suministro.
AMLO también ordenó la cancelación de proyectos que incluían un aeropuerto y una planta cervecera durante su mandato.
El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, ha advertido de que las empresas pueden perder la confianza en México como destino de inversión como consecuencia de la reforma judicial impulsada este mes en el Congreso. El cambio elimina un control del poder gubernamental al hacer que los jueces federales sean elegidos democráticamente, incluso en la Suprema Corte.
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