Una funcionaria de los Bomberos del Distrito Capital aplica una dosis de la vacuna china Vero Cell a una mujer el 11 de junio de 2021, en el Hotel Alba de Caracas (Venezuela). Hace un año, los sanitarios de Venezuela despidieron a su primer compañero fallecido tras contraer covid-19 mientras atendía la pandemia. Desde entonces, han denunciado que no cuentan con equipos de protección suficientes y que, algunos, siguen sin recibir vacunas, mientras, según su recuento, han perecido 651 trabajadores. EFE/ Rayner Peña
Una funcionaria de los Bomberos del Distrito Capital aplica una dosis de la vacuna china Vero Cell a una mujer el 11 de junio de 2021, en el Hotel Alba de Caracas (Venezuela). Hace un año, los sanitarios de Venezuela despidieron a su primer compañero fallecido tras contraer covid-19 mientras atendía la pandemia. Desde entonces, han denunciado que no cuentan con equipos de protección suficientes y que, algunos, siguen sin recibir vacunas, mientras, según su recuento, han perecido 651 trabajadores. EFE/ Rayner Peña

El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció que hay una anarquía en la programación de la vacunación contra el COVID-19 en ese país.

Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

A su juicio, “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización.

El Gobierno venezolano comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra el COVID-19 e instaló distintos puntos de vacunación en todo el país para arrancar la inmunización de la población.

Los centros de vacunación se encuentran con largas filas en las que las personas pueden esperar por más de diez horas, según relatan algunos de los asistentes y pudo constatar Efe.

Hasta el momento, Venezuela ha recibido 3.23 millones de vacunas, entre las rusas de Sputnik V de y las chinas VeroCell, de los laboratorios Sinopharm, contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Sin embargo, a juicio de Lorenzo, no se puede hablar de que haya en marcha un plan nacional de vacunación, sino “una actividad nacional”, puesto que no ha habido un acuerdo entre todas las personas que “forman parte de lo que debería ser la acción de llevar la vacuna a todos los ciudadanos”.

Eso significaría un acuerdo donde no haya distingo de raza, género o parcialidad política”, aseguró el médico, especializado en salud pública, que considera que no se cumplen esos requisitos.

Además reclamó que, para iniciar un plan de vacunación, es necesario “estar seguro de la provisión de vacunas”, algo que considera que no está sucediendo.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que, por la falta de organización en los puntos de vacunación, “lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios”, ya que “no hay distanciamiento social” ni se usa de manera adecuada los equipos de protección.

“Esclavos del siglo XXI”

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció que, en este momento, son “una suerte de esclavos del siglo XXI”, puesto que sus salarios son bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Eso, explicó, les ha llevado a “buscar salidas en otras ocupaciones”, para sortear “el salario que el Estado fallido”, que considera que es hoy Venezuela, les “ha negado”.

Además, aseguró que ven morir a pacientes porque no hay oxígeno en los hospitales, lo que hace que hoy sea una tragedia enfermarse en Venezuela.

Frente a esa situación, Contreras reclamó que es una emergencia organizar un plan de vacunación con los expertos.

Tenemos que sentarnos en una mesa, hay que buscar solución a la tragedia que embarga al pueblo venezolano”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud (Sunepsas), Zenaida Figuera, se unió a las denuncias de las condiciones laborales en el sector.

Según afirmó, el Gobierno ha aprobado un bono de transporte para ellos por 23 millones de bolívares mensuales (unos US$ 7.3), mientras que quienes, como en su caso, viven en Guatire, una populosa ciudad dormitorio de Caracas, gastan cerca de 63 millones de bolívares (unos US$ 20) para acudir a su puesto de trabajo.

Además, se aprobó un bono de alimentación también por 23 millones de bolívares mensuales, lo que, en su opinión no significa absolutamente nada porque la canasta básica está referenciada en dólares.

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