Únete al canal de GestiónDecenas de miles de personas marcharon el domingo por ciudades de toda Francia para pedirle al presidente Emmanuel Macron que no promulgue una dura ley nueva sobre inmigración que, según dicen, lleva la impronta de la ultraderecha y traiciona los valores franceses.
De acuerdo con Ministerio del Interior, en las marchas participaron 75.000 personas en todo el país, y 16.000 en París. El sindicato de extrema izquierda CGT estimó el número de manifestantes a nivel nacional en 150.000.
El momento en que se llevaron a cabo las protestas fue crítico, cuatro días antes de que el Consejo Constitucional decida el jueves si todos los artículos de la ley —aprobada en diciembre— se ajustan a la Constitución francesa.
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El proyecto de ley fortalece la capacidad de Francia para deportar a extranjeros considerados indeseables y dificulta que los extranjeros aprovechen prestaciones de carácter social, entre otras medidas.
La protesta fue convocada por 200 personajes de diversos sectores, incluyendo las artes y los sindicatos. La ley “fue redactada bajo el dictado de los mercaderes del odio que sueñan con imponerle a Francia su proyecto de ‘preferencia nacional’”, escribieron los firmantes de la convocatoria a la marcha.
La preferencia nacional, según la cual los franceses, no los extranjeros, deberían beneficiarse de las riquezas del país, ha sido durante mucho tiempo el lema del partido de ultraderecha Agrupación Nacional.
Macron respaldó la ley en su tortuoso recorrido a través del Parlamento, pero, en un giro inusual, ha dicho que algunos artículos parecen ser inconstitucionales. El periódico Le Monde citó recientemente a un funcionario anónimo del Ministerio del Interior que decía que “una docena” de artículos podrían ser anulados por el Consejo Constitucional.
Algunos artículos de la ley hacen que sea más difícil que alguien que radique en Francia pueda traer a familiares suyos al país; por ejemplo, un solicitante que intente reunirse con su cónyuge deberá demostrar que conoce el idioma francés. También es probable que el tribunal examine normas más estrictas para acceder a servicios sociales y vivienda, o restablecer una ley derogada en 2012 que hace ilegal que un extranjero esté en Francia sin documentos de residencia.
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