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El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tendrá que hacer malabares para expandir el gasto público a la vez que mantiene la disciplina fiscal, una tarea especialmente difícil con una economía que tiende a enfriarse.
El rígido sistema fiscal y presupuestario de Brasil y las maltrechas cuentas que deja el Gobierno de Jair Bolsonaro, tras elevar el gasto público en un año electoral, dejan un margen de maniobra muy escaso para que Lula pueda poner en marcha sus políticas económicas.
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Estas son las claves del panorama económico que se encontrará Lula:
CUENTAS EN DÉFICIT
La deuda pública se sitúa en torno al 76.8% del producto interno bruto (PIB), con tendencia a la baja desde el pico de 90% que se alcanzó en los primeros meses de la pandemia, pero todavía sigue en niveles elevados.
Brasil se mantiene en déficit primario (antes del pago de intereses) desde finales de 2014, lo que ha llevado al país a acumular un déficit consolidado del 4.21% del PIB.
El gasto público se disparó en los últimos meses debido en parte a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Bolsonaro en los meses previos a las elecciones, tales como la concesión de nuevos subsidios a los pobres y el control de precios de los combustibles, a pesar de que la Constitución prohíbe ese tipo de maniobras en año electoral.
La principal promesa electoral de Lula supondrá una mayor presión en las cuentas públicas, puesto que destinará 145,000 millones de reales (unos 27,800 millones de dólares) a ayudas sociales, una partida que excederá el límite presupuestario y obligará a aumentar el endeudamiento.
CRECIMIENTO A LA BAJA
La economía del país cerrará el año previsiblemente con un crecimiento del 2.9%, pero se está ralentizando rápidamente debido a la agresiva política monetaria puesta en marcha por el Banco Central para controlar la inflación, que ha elevado los intereses al 13.75%.
El Banco Central espera que Brasil crezca en torno a un 1.0% en 2023, un dato que de confirmarse supondrá una importante merma en la capacidad de recaudación de impuestos.
Los tipos de interés altos están suponiendo un freno para el consumo, principal motor de la economía brasileña, y de mantenerse en esos niveles pueden acabar repercutiendo en un aumento del desempleo.
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CAPACIDAD LIMITADA DE MANIOBRA
Los gastos obligatorios del Gobierno, tales como el pago de salarios de funcionarios, seguridad social o pensiones, han crecido de forma constante en los últimos años, en parte a consecuencia del envejecimiento de la población, y en 2023 llegarán a consumir el 93.7% del presupuesto público.
Esto deja en caja unos 132,200 millones de reales (cerca de 25,300 millones de dólares), para dedicar a inversiones y a los programas del Gobierno.
Ese importe significa una caída del 14.9% con respecto al presupuesto disponible en 2022, según cálculos del centro de estudios Fundación Getúlio Vargas (FGV).
Y este año, el Gobierno de Bolsonaro ya ha enfrentado problemas para pagar salarios y becas universitarias, o para ofrecer ciertos servicios. Entre ellos, se ha visto obligado a suspender la emisión de pasaportes en los últimos meses.
DESEMPLEO Y POBREZA
La tasa de desempleo se sitúa en el 8.7% de la población activa, el menor nivel desde 2015, pero los economistas temen que el enfriamiento de la economía pueda repercutir en el mercado laboral.
Los datos de empleo también inciden directamente en las cuentas públicas, porque si empeoran pueden suponer un sobrecosto en el abono de subsidios de desempleo y también, lo que limitaría aún más el margen de acción del Gobierno.
A pesar de la mejoría del empleo en el último año, la pobreza se disparó en 2021, llegando al 29.4% de la población, lo que supone 62,5 millones de personas, y los niveles de miseria se dispararon hasta el 8.4% de los habitantes de Brasil, que dependen de las ayudas para subsistir.
Fuente: EFE
