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Jóvenes manifestantes cubanos de los barrios más pobres de La Habana se enfrentan a décadas tras las rejas en los próximos juicios, dijeron familiares y grupos de derechos humanos, en medio de sanciones para algunos de los que participaron en las protestas antigubernamentales sin precedentes del año pasado.
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio vieron a miles de personas salir a las calles en pueblos y ciudades de toda la isla, muchos denunciando al gobierno comunista y la escasez de alimentos, de medicinas y electricidad en un momento en que los casos de coronavirus se disparaban.
Los organismos defensores de derechos humanos dicen que más de 1,000 personas fueron arrestadas tras las protestas. Los juicios de los acusados de delitos graves comenzaron a mediados de diciembre y algunos ya han derivado en penas de prisión de más de 20 años, según los grupos y entrevistas con familiares de los acusados.
El gobierno de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters sobre los juicios.
Las autoridades de la isla, sin embargo, dijeron anteriormente que los arrestados eran culpables de delitos que incluyen desórdenes públicos, resistencia al arresto, robo y vandalismo. Cuba culpa a Estados Unidos por financiar los disturbios de julio y avivarlos.
En el barrio pobre de La Güinera, en La Habana -donde la marcha del 12 de julio fue seguida por vandalismo, un enfrentamiento con la policía y la única muerte reportada durante los disturbios- Reuters habló con más de una docena de residentes que dijeron que los jóvenes del vecindario que se unieron a las manifestaciones ahora enfrentan duras penas de prisión.
Negaron cualquier complot mayor contra el gobierno y dijeron que la decisión de marchar había sido espontánea.
Emilio Roman, de 50 años, dijo que sus dos hijos, Emiyoslan, de 18, y Yosney, de 25, así como su hija de 23, Mackyani, se habían unido a las protestas de julio y ahora enfrentaban 15, 20 y 25 años tras las rejas, respectivamente, si son condenados.
Los tres han estado en la cárcel desde mediados de julio, manifestó Roman.
“Todos salieron…como si eso fuera una fiesta, una comparsa, ¿no? Pero nadie pensó que se iba a tomar esto tan severamente, porque no es para eso. Ellos se han excedido…pidiendo la cantidad de años que están pidiendo, como si fueran terroristas, asesinos”, dijo Roman intentando contener las lágrimas.
Otro vecino, Alcides Firdo, de 47 años, afirmó que su hijo, Jaime Alcides Firdo, de 22, fue detenido inicialmente por desorden público luego de que supuestamente arrojara piedras durante la marcha del 12 de julio, pero que los cargos luego se elevaron a sedición.
El estado busca ahora encarcelar a su hijo durante 20 años en un juicio que está programado que comience el 17 de enero, indicó Firdo.
“Mataste una persona: 8 años, 10 años, 15 años. Entonces una gente por tirar una piedra a una persona, tú lo vas a condenar a 30 años, a 25 años, a 20 años. Eso es una injusticia lo que se está cometiendo”, señaló Firdo.
Reuters no pudo confirmar de forma independiente los detalles de los dos casos con las autoridades, ya que los funcionarios judiciales no hablan habitualmente con los medios en Cuba. Tampoco fue posible contactar a los acusados.
Laritza Diversent, directora del grupo estadounidense Cubalex, declaró que las autoridades cubanas habían aumentado las penas para dar ejemplo y sofocar futuras protestas.
“Todos los procesos penales seguidos contra los manifestantes del 11 de julio tienen una clara intención de tener un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad. O sea, lo que buscan es que en Cuba, en cualquier parte de la isla, las personas no vuelvan a salir a manifestarse”, apuntó.
Varios grupos de derechos, incluido Cubalex, dicen que las penas para docenas de personas ya sentenciadas, incluso por sedición, han oscilado entre 4 y 30 años tras las rejas.
Reuters vio varios documentos de sentencias de juicios en diciembre en los que las penas oscilaban entre 2 y 8 años de prisión para los manifestantes condenados por delitos que incluyen desobediencia, desorden público y agresión. Ninguna de las condenas revisadas por Reuters fue por sedición, que conlleva las penas más duras.
No todos los que participaron en las manifestaciones del año pasado se han enfrentado a sanciones severas.
El régimen comunista retiró recientemente los cargos contra varios artistas que protestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el 11 de julio, según una publicación en Facebook del historiador Leonardo Fernández Otaño. Sin embargo, manifestó que la raza y la pobreza habían pesado en el proceso.
“Estoy agradecido”, escribió Fernández Otaño en las redes sociales después de que se desestimaron los cargos. “Pero también triste … porque los jóvenes de La Güinera no han tenido esa misma suerte y están siendo condenados a penas injustas y politizadas”, apuntó.
El gobierno cubano ha dicho que respeta los derechos de todos los detenidos tras las protestas y que las penas más severas se reservarían para los reincidentes y los delitos más graves.
