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Héctor Pereira
Irianny y su pequeño hijo están desnutridos. Ella, docente en ejercicio, es incapaz de proveer una alimentación balanceada a su familia, pues percibe un sueldo mensual de menos de US$ 100 y por eso acude a un comedor gratuito, donde las necesidades abundan y la recuperación económica de Venezuela está lejos de sentirse.
El niño aún no llega a los dos años de edad y desde hace meses forma parte de un programa de asistencia humanitaria de la ONG Cáritas, al que ingresó presentando signos de desnutrición, los mismos que identificaron luego en la madre, que también es lactante de otra niña de seis meses.
La mujer, de 36 años, no escatima en agradecer la ayuda que recibe, la que ve como una parte imprescindible de su vida. Incluso, al saber que este viernes se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, pide que comedores como al que ella acude en una barriada caraqueña se multipliquen porque hay “muchos” que necesitan este apoyo.
La necesidad de la ayuda
Como Irianny, al menos 5.2 millones de venezolanos tienen necesidades urgentes, según el plan de respuesta humanitaria publicado esta semana por Naciones Unidas, que ha pedido a los donantes internacionales casi US$ 800 millones para financiar estos programas de ayuda en el país.
El requerimiento, basado en un aumento de las necesidades percibidas, plantea una realidad paralela a la de la recuperación económica que pregona el Gobierno.
Si, por un lado, el crecimiento de Venezuela en 2022 es, según el Ejecutivo, el más grande de Latinoamérica, ningún país de la región necesita tanto dinero para ayudar a su población más pobre como la nación petrolera.
Esa brecha se debe, a juicio del doctor Javier Manrique, a la continuidad de las necesidades de los más vulnerables -como niños, comunidades indígenas, personas con discapacidad y ancianos-, a quienes la mejora económica no ha alcanzado.
“La asistencia humanitaria en Venezuela tiene que continuar ya que, específicamente para estos grupos vulnerables (...) los elementos determinantes de la vulnerabilidad que tienen no han desaparecido, no hay una recuperación económica, no hay mayores ingresos”, dijo a Efe el médico, coordinador humanitario de la ONG Convite.
La organización, que apoya a adultos mayores en casi todo el país, subraya que el 70% de esta población percibe únicamente una pensión de US$ 23 mensuales, con lo que no pueden cubrir sus gastos de salud ni de alimentación, toda vez que se requieren cerca de US$ 400 para costear los gastos mínimos.
El trabajo humanitario
Mientras la idea de la recuperación retumba en un país lleno de conciertos internacionales y nuevas empresas, “siguen existiendo necesidades” y “es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano”, o al menos así lo advirtió este mes el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, tras una visita a la nación caribeña.
Irianny es prueba de que las necesidades no han desaparecido. La maestra no niega que “algunas familias” hoy están “mejor” que hace unos años pero, remarca, en su caso esa mejora la ha conseguido gracias a la asistencia humanitaria.
Mi vida “podría decir que se ha visto mejorada con la ayuda que recibo a través de estos organismos (ONG), que es la que me ha permitido mejorar la situación tanto económica como de salud que percibe mi familia”, dice.
En vista de esta realidad, insiste el directivo de Convite, hay que visibilizar las carencias e “indicadores dramáticos”, con una pobreza extrema estimada en más del 70% por organizaciones no gubernamentales, para obtener financiamiento internacional que permita seguir apoyando a quienes más lo necesitan.
“El hecho de que una persona con todos los derechos inherentes a sus condiciones de ser humano tenga que escoger entre el medicamento y comer, yo creo que es ya demostración suficiente del nivel de sufrimiento que están enfrentando”, subraya Manrique.
Tanto el doctor como Naciones Unidas y el Gobierno coinciden en la importancia de conectar la asistencia humanitaria con el desarrollo de capacidades, un vínculo que, aseguran, podría apalancar la incipiente recuperación económica para garantizar que nadie, especialmente los más necesitados, se quede atrás.
