La pequeña isla clave para las ambiciones de China

Nadie llamaría a la isla Thitu un paraíso en el Océano Pacífico. El segundo más grande de la cadena de arrecifes, bancos y atolones en el Mar del Sur de China conocida como las islas Spratly, Thitu es una roca hundida de 37 hectáreas, salpicada de árboles desaliñados y búnkeres militares abandonados hace mucho tiempo, que lucha por su existencia a solo unos metros por encima de la marea alta.

Sin embargo, la oscura Thitu, conocida como Pag-asa ("isla de la esperanza") en el idioma tagalo de los filipinos que la habitan, se ha convertido en un objeto de deseo en la disputa geopolítica cada vez más contenciosa que involucra a Filipinas, China y cuatro de sus vecinos del Pacífico: Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam. Además, gracias a las recientes acciones del errático presidente filipino, Rodrigo Duterte, la isla y sus residentes son cada vez más vulnerables a las vastas ambiciones de China en todo el Mar del Sur de China.

Aproximadamente a 385 kilómetros de Palawan, la isla importante más occidental de Filipinas, Thitu tiene tres cosas de las que la mayoría de las Spratlys carecen: agua dulce; una población durante todo el año (aproximadamente 200 personas, incluidos muchos veteranos y escolares); y un aeródromo de hormigón en ruinas de unos 1,250 metros de largo.

También tiene un nuevo vecino. A partir del 2014, China comenzó un proyecto de recuperación de tierras a 25 kilómetros al sur de Thitu en el arrecife Subi, que anteriormente asomaba por encima del agua solo con marea baja. El desarrollo de Subi, al igual que media docena de otras construcciones chinas en el Mar del Sur de China, es una posición de avanzada en el esfuerzo de Pekín por controlar todas las aguas hasta 1.900 kilómetros de sus costas del sudeste, a lo que durante mucho tiempo se ha referido como la “línea de nueve puntos” en el Pacífico.

Desde entonces, China se ha vuelto cada vez más agresivo en las Spratlys. Hace tres años, fotos satelitales publicadas por un congresista filipino, Gary Alejano, mostraban una flotilla de cinco barcos pesqueros chinos, barcos de la guardia costera y fragatas del Ejército-Marina de Liberación Popular a 5 millas náuticas de Thitu.

"Los chinos pueden tener un plan siniestro para ocupar bancos de arena al oeste de Pag-asa que nos pertenecen", dijo Alejano en ese momento. Y no dejen que el término "barco pesquero" los engañe. Estas embarcaciones y los buques militares que los apoyan son parte de una vasta milicia marítima desplegada en el Mar del Sur de China.

Las cosas se calentaron a fines del 2018, cuando Filipinas comenzó a construir una rampa de playa para permitir la entrega de maquinaria para reparar el aeródromo de Thitu. Casi de inmediato, unos 100 guardacostas chinos y barcos de pesca rodearon la isla en lo que equivalía a un bloqueo.

En julio del 2019, el gobierno filipino presentó una protesta diplomática después de que su asesor de seguridad nacional, Hermogenes Esperon Jr., revelara que 113 barcos pesqueros chinos estaban nuevamente “pululando” en las costas de Thitu. A fines de febrero, el secretario de Defensa filipino, Delfin Lorenzana, escribió que las embarcaciones chinas permanecen cerca de la isla, “variando en número”.

¿Es legal la presencia china? Tal vez. Si el desarrollo chino se considera una característica oceánica legítima, Pekín podría argumentar que los buques están operando dentro de las aguas territoriales de Subi y Thitu.

Pero eso no viene al caso. Parece parte de un intento más amplio de China de intimidar a Filipinas para que acepte sus reclamos territoriales en áreas donde no ha construido ninguna isla artificial. Esto incluye los modestos barcos de pesca. Ya sea que los pescadores persigan ostensiblemente mariscos tradicionales como el atún, los peces de arrecife exóticos que ahora figuran en los menús de restaurantes de moda o las almejas gigantes cosechadas por sus valiosas conchas, a menudo son la punta de lanza para el aventurismo militar chino.

En el 2016, Filipinas ganó una decisión monumental en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, sobre siete reclamos que presentó en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El tribunal incluso fue más allá de las quejas filipinas, diciendo que “las demandas de China de derechos históricos u otros derechos soberanos o jurisdicción, con respecto a las áreas marítimas del Mar del Sur de China abarcadas por la parte relevante de la línea de nueve puntos, son contrarias a la convención y sin efecto legal en la medida en que exceden los límites geográficos y sustantivos de los derechos marítimos de China”.

Desafortunadamente, lo que debería haber sido un golpe demoledor para los sueños expansionistas de Pekín se convirtió en poco más que una palmada en la muñeca.

Si bien se esperaba que China ignorara el fallo de la corte, el gobierno filipino de Rodrigo Duterte ha sido completamente negligente en impulsar la ventaja legal de su país.

Si bien Duterte se reunió (en medio de una gran fanfarria) con el presidente chino, Xi Jinping, el otoño pasado para discutir el asunto, la cumbre fue ampliamente ridiculizada como teatro político, coreografiada de antemano para que Duterte no fuera avergonzado. Incluso fracasó en eso, según el resumen de su propio portavoz: “el presidente Xi reiteró la posición de su gobierno de no reconocer el fallo arbitral, así como de no alejarse de su posición”.

Los motivos de Duterte son transparentes (y hasta cierto punto comprensibles): está cortejando la inversión y el comercio chinos para levantar la decadente economía de su país. Si bien ha establecido un vínculo populista personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es tan tonto como para no cubrir sus apuestas en un momento en que Washington se ve cada vez menos confiable como aliado militar para cualquiera de sus socios mediante tratados.

Algunos observadores insisten en que Duterte está enfrentando cuidadosamente a Estados Unidos y China. Pero Gregory Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dice que debemos tomarle la palabra al presidente filipino: "Duterte ha dicho constantemente que quiere romper la alianza entre Estados Unidos y Filipinas a favor de una alineación estratégica con China, y está dispuesto a hacer la vista gorda ante la agresión de Pekín en el Mar del Sur de China para que eso suceda".

Entonces, quizás no debería sorprender que el mes pasado Duterte dijera que abrogaría el Acuerdo de las Fuerzas de Visita que desde 1999 ha permitido a las tropas estadounidenses trabajar con y entrenar a las fuerzas filipinas, que ahora están sofocando una insurgencia liderada por un socio de al-Qaeda en las islas del sur del archipiélago.

Afortunadamente, Duterte está limitado a un único mandato de seis años, y puede ser reemplazado por alguien con un poco más de coraje para defender los derechos territoriales filipinos. Pero por ahora, China tiene el camino prácticamente libre, y el temor inmediato es que sus fuerzas lleguen, y tal vez construyan una instalación, en uno de los islotes Spratly ahora reclamados por Manila.

Eso sería una repetición de sus acciones en 2012 en el bajío Scarborough, dos islas de coral previamente deshabitadas al noreste de Thitu. La expropiación de Scarborough estuvo en el centro del fallo de la corte internacional contra Pekín.

Claramente, no importa cuántas victorias legales ganen sus vecinos, China simplemente las ignorará y avanzará hacia la línea de nueve puntos (y probablemente algunas otras líneas más allá). Con la misma claridad, no es un objetivo práctico para EE.UU. y sus aliados democráticos construir un dique contra la influencia China, ya sea militar, económica o diplomática.

Los países más pequeños de Asia tendrán que acomodarse con el nuevo hegemón, y Washington deberá permitirles un margen de maniobra. Pero Duterte está dando un terrible ejemplo al darse la vuelta por completo respecto a la expansión marítima de China. Y son sus propios ciudadanos en Thitu quienes pueden pagar el precio después.