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Únete al canal de GestiónLa convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile intentará de nuevo este miércoles destrabar la elección de su nuevo presidente, después de aplazar las votaciones tras una maratoniana jornada de más de 18 horas que terminó en horas de la madrugada sin que ningún candidato obtuviese la mayoría.
Después de una sesión que parecía hacerse interminable, con un proceso de votación tediosamente lento, la presidenta saliente del órgano, la académica mapuche Elisa Loncón, anunció que la votación se reiniciará pasadas las 15:00 hora local (18 GMT del miércoles.
Los 155 convencionales -en su mayoría ciudadanos independientes sin afiliación a ningún partido- realizaron ocho rondas de votación, pero ninguno de los aspirantes consiguió reunir los 78 votos necesarios para sustituir a Loncón, cuya investidura el pasado 4 de julio para un periodo de seis meses, que termina ahora, se interpretó como un guiño hacia las mujeres y los pueblos ancestrales.
Pasadas las 2:00 de la madrugada hora local (5 GMT), la científica Cristina Dorador, quien hasta el momento iba liderando las votaciones, retiró su candidatura con el objetivo de “destrabar” la votación.
“Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto. Mi nombre no produjo consenso”, admitió en una rueda de prensa la profesora en la Universidad de Antofagasta, en el norte del país.
Dorador, quien había reunido los apoyos del Frente Amplio, el Partido Comunista y diversos movimientos sociales, se quedó en la sexta votación a solo seis votos de la mayoría, y en las siguientes rondas se fue desinflando progresivamente hasta los 51 sufragios.
La microbióloga no confirmó si en la sesión de hoy votará por quien le seguía en la preferencia de las votaciones, el independiente Benito Baranda, psicólogo y fundador de la ONG América Solidaria, que concita apoyos más transversales, a derecha e izquierda.
Lo prolongado de la votación se debe tanto a la falta de acuerdos como al sistema manual de elección y conteo que ralentiza aún más el proceso, pues cada convencional tiene que levantarse en cada ronda para depositar su voto, que son contados posteriormente uno a uno por la mesa directiva.
La falta de acuerdo en esta larga primera jornada fue criticada por algunos convencionales, por la incapacidad de alcanzar un consenso para elegir nueva directiva y aseguraron que eso debilita la imagen de la convención, otros defendieron las negociaciones y calificaron la jornada de “ejercicio democrático”.
“Lo encuentro verdaderamente deplorable y me temo que la ciudadanía lo vaya a tomar de la misma manera”, indicó el convencional y jurista liberal Agustín Squella.
“Nunca habíamos visto a distintos colectivos, bancadas o agrupaciones dialogando, conversando y construyendo acuerdos públicamente”, afirmó por su parte el actual vicepresidente de la convención, el abogado Jaime Bassa, cuyo sustituto también será escogido durante la jornada.
La convención, la primera paritaria del mundo y con 17 escaños reservados a los pueblos indígenas, tiene otros seis meses para terminar de redactar la nueva Carta Magna, que deberá ser aprobada en un plebiscito para su entrada en vigor.
Después de tres meses elaborando el reglamento de funcionamiento y diseñando las distintas comisiones temáticas, la convención inició el debate de fondo de los artículos constitucionales el pasado 18 de octubre, cuando se cumplían dos años de las graves protestas del 2019.
El proceso constituyente fue la salida que acordaron la mayoría de fuerzas políticas para solucionar la crisis del 2019, la más grave de los 31 años de democracia chilena tras el fin de la dictadura militar, y en la que se registraron protestas que se saldaron con una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Aunque fue reformada más de 50 veces en democracia, la actual Carta Magna fue inspirada durante la dictadura militar por los llamados “Chicago Boys”, un grupo de economistas neoliberales discípulos de Milton Friedman y que fomentaron la privatización de servicios como el agua, las pensiones y la salud.
