La casa de moda italiana Alviero Martini, que se ocupa de calzado y complementos, fue intervenida judicialmente por el Tribunal de Milán después de que en una inspección laboral se consideró que las ganancias se habrían maximizado utilizando “fábricas clandestinas con ciudadanos chinos”.
Según las investigaciones que han llevado a la intervención, la empresa “nunca habría realizado inspecciones en la cadena de producción para comprobar las condiciones reales de trabajo” y “las capacidades técnicas de las empresas contratadas”.
Se constató, explican los medios, que la casa de moda había confiado “toda la producción a terceras empresas, con total subcontratación de los procesos productivos” y que estas se apoyaban en “fábricas clandestinas con trabajadores chinos, que a su vez logran reducir costes gracias al uso de mano de obra irregular y clandestina en condiciones de explotación”.
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Los Carabineros llevaron a cabo investigaciones “sobre los métodos de producción, embalaje y comercialización de las prendas de alta costura, procediendo al control de los sujetos encargados de los contratos, así como de los subcontratistas no autorizados que consisten exclusivamente de fábricas gestionadas por ciudadanos chinos en las provincias de Milán, Monza, Brianza y Pavía”.
En particular, se controlaron ocho fábricas “todas ellas irregulares, en las que se identificaron 197 trabajadores, de los cuales 37 estaban empleados de forma ilegal”.
Según los medios, en las investigaciones se recogen testimonios de trabajadores chinos que aseguran que “pagan 1,25 euros por cada parte superior de un zapato y que durante la semana duerme encima de la empresa, en el primer piso, en habitaciones utilizadas como dormitorios”.
“En una jornada laboral produzco unos 20 pares de zapatos (...) Recibo una transferencia bancaria mensual de unos 600 euros que nos paga el propietario que produce zapatos para la empresa Alviero Martini”, se lee en uno de los testimonios recogidos por los medios italianos.
De acuerdo con la fiscalía, los trabajadores, según los documentos, recibían salarios por debajo del umbral de pobreza, es decir, poco más de 6 euros la hora, y vivían en lugares con “microhabitaciones, completamente ilegales y con “equipos eléctricos improvisados”.
Las investigaciones probaron que por un producto vendido en el mercado a 350 euros, la fábrica china habría cobrado 20 euros y siguiendo la cadena de subcontratos de producción, la empresa de alta costura, según los investigadores, pagó 50 euros por el producto final.
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