Xie Yang. (Foto: Difusión)
Xie Yang. (Foto: Difusión)

El abogado es paradigma a su pesar: detenido, encarcelado, torturado (según él), sentenciado, liberado, vigilado. Su sino es similar al de tantos letrados encargados de casos de derechos humanos en que las autoridades consideran sensibles.

Salvo por una cuestión: a diferencia de sus compañeros del gremio que han padecido una suerte parecida, tras su liberación, a Xie Yang le permitieron conservar su licencia de actividad. Hasta el mes pasado.

“El 4 de agosto me llamaron para ir al Departamento de Justicia de (la ciudad central de) Changsha con una excusa y dos funcionarios me comunicaron oralmente que me iban a cancelar la licencia”, asegura el letrado.

Según Xie, es un proceder ilegal, ya que se debe hacer mediante una notificación escrita emitida con plazo suficiente para que el afectado pueda subsanar los problemas que puedan haber motivado la cancelación.

La notificación escrita le llegó el 11 de agosto, pero no fue un aviso, sino la cancelación en sí, que también tumbó el acuerdo verbal que Xie asegura que tenía con las autoridades chinas desde hacía más de tres años: un pacto extraordinario.

Un lavado de imagen

Las torturas a las que Xie Yang declara haber sido sometido -tras ser arrestado durante las redadas conocidas como “709” que las autoridades chinas comenzaron el 9 de julio del 2015 contra centenares de abogados y activistas- en el periodo de detención previo al juicio se hicieron públicas a través de su abogado a principios del 2017 y sacudieron el Estado de derecho.

El relato de Xie provocó la reacción no solo de ONG internacionales, sino también por parte de miembros de la comunidad internacional, como la Unión Europea.

La prensa estatal lo negó y acusó a los medios extranjeros de difundir “noticias falsas”, mientras las autoridades de su provincia, la céntrica Hunan, se apresuraron a lavar su imagen.

Xie asegura que le hicieron una oferta: una confesión en la que negara las torturas expuestas a cambio de no ser sancionado y poder conservar su licencia para seguir ejerciendo. Afirma que accedió.

Eso le convirtió, explica, en el único abogado de los afectados por las redadas “709” en mantener su licencia y, en un caso inédito, fue puesto en libertad (vigilada) bajo fianza en agosto del 2017, cuatro meses antes de conocerse su sentencia, en la que no se le impuso pena y después de la cual pudo continuar con la abogacía.

Ahora, el acuerdo ha saltado por los aires -dice- sin que nadie le haya dado explicaciones.

Posibles desencadenantes

Xie Yang baraja varias opciones para que le cancelaran su permiso de trabajo, como el que siguiera encargándose de casos de derechos humanos o que se conocieran nuevos detalles, a través de un escrito de su abogado y de un documental, sobre las supuestas torturas que Xie había accedido a negar ante el juez.

Pero el olfato del letrado le dice que más bien ha sido por un caso de corrupción en el que trabajaba últimamente.

Una persona contrató sus servicios para abordar un escándalo que implicaría a funcionarios de la provincia de Hunan y de la capital de esta, Changsha.

“El cliente tiene muchas pruebas de casos de corrupción y sobornos. Tiene vídeos y cifras y la lista de los funcionarios implicados. Esto sería gravísimo para ellos... y quizá por eso también me la han retirado”, especula.

Trabas legales

Ahora, tratará de recuperar la licencia, aunque alberga poca esperanza de recuperarla, ya que una vez que está cancelada no se puede volver a solicitar. Sin embargo, el abogado intentará pulsar las teclas administrativas adecuadas para anular la cancelación.

Pero aun recuperándola, nada le garantiza que vaya a conservarla demasiado tiempo puesto que en China la ley estipula que tanto los bufetes como los abogados han de someterse cada año a una revisión en la que se les declarara aptos o no aptos para continuar con la actividad.

Además, un abogado ha de formar parte de un bufete para mantener su licencia, o será cancelada transcurridos seis meses desde el fin de la actividad como empleado en una firma.

Según varios abogados y organizaciones no gubernamentales consultados, las autoridades a veces presionan a bufetes para que no contraten a determinados letrados incómodos bajo amenaza de cesar sus operaciones como empresa.

“La situación de los abogados de derechos humanos en China es cada vez más difícil -sostiene Xie-. Sentimos el peligro de que un día se nos cancele la licencia. Vivimos con miedo. Es difícil sobrevivir en esa situación. Por eso, necesitamos más atención de la prensa extranjera”.

“Prefiero la cárcel a callarme”

En un país en el que la prensa nacional tiene atadas las manos, esta atención mediática internacional intranquiliza a Pekín y, según varios letrados entrevistados, es norma que las autoridades intenten silenciarles para que sus opiniones y padecimientos no lleguen a los medios extranjeros.

A Xie Yang se lo volvieron a advertir al cancelar su licencia -"si me ponía en contacto con la prensa extranjera, me tratarían como a un delincuente", asegura que le dijeron-, aunque no se amilanó.

“Yo les dije que no podía cerrar la boca -recuerda-. Prefiero estar en prisión antes que cerrar la boca. Quiero que todo el mundo sepa lo oscuro que es el Partido Comunista de China”.

Y apostilla: “Durante el camino hacia la democracia, siempre hay quien paga un precio. Yo estoy muy orgulloso de ser una de esas personas”.