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El regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, propuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pasa por un debate político internacional, ya que, para la Organización de Estados Americanos (OEA), el país caribeño ya forma parte, tras el reconocimiento a Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019.
En 2012, Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), porque el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), consideraba que estaban siendo manipulados por Estados Unidos.
Posteriormente, en 2017, el Gobierno venezolano denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos, con la intención de salir por completo del Sistema Interamericano, que ha debido hacerse efectivo en 2019.
La directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Victoria Capriles, indicó a EFE que esta decisión se revirtió cuando Guaidó fue reconocido como “presidente interino” ante la OEA, y para la que -hasta nueva comunicación- continúa siendo “mandatario encargado” de Venezuela.
En mayo de 2019, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada en ese momento por la oposición y encabezada por Guaidó, aprobó un acuerdo en el que dejó sin efecto la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la OEA.
La OEA aceptó un mes antes la designación del abogado Gustavo Tarré Briceño como representante permanente de Venezuela, quien hasta la fecha se mantiene en el cargo.
Fortalecer el sistema interamericano
El presidente Petro reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela, por lo cual le ha pedido que se “reincorpore” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como una forma de “fortalecer” al organismo, ya que no considera que exista una “Presidencia interina” que decida al respecto.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la práctica, es la democracia liberal”, afirmó Petro, tras un encuentro con Maduro en Caracas.
El mandatario venezolano, aseguró ser “muy receptivo” en este aspecto, sin concretar el posible “regreso” al organismo.
Mientras Maduro considera la idea, la ONG Acceso a la Justicia informó a mediados de septiembre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recibido este año cuatro demandas más contra el Estado venezolano por casos relacionados a detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y sobre violaciones a derechos electorales.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció en febrero su decisión de demandar al Estado venezolano por presuntas violaciones de derechos humanos contra 14 funcionarios de la Policía municipal de Chacao, privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio.
Por su parte, Capriles explicó que ahora la Corte debe pronunciarse en relación a estos casos.
Resolver sin afectar a las víctimas
“La interpretación que ha dado la misma Organización de Estados Americanos y que ha dado la misma Comisión Interamericana (es que) estamos dentro del Sistema, nunca nos salimos, eso es vital entenderlo”, insistió Capriles.
Por eso, sostuvo, se debe dar un debate en el seno de la Asamblea General de la OEA para determinar a qué autoridades reconocen en Venezuela, tomando en cuenta los últimos cambios políticos en la región.
“Lo importante sería no mezclar lo político con lo jurídico y que se busquen soluciones sobre la interpretación de la carta y sobre la posición de Venezuela en el sistema, de una manera en que las víctimas y las personas siempre sean el centro”, añadió.
Recordó que estos organismos son beneficiosos para los ciudadanos, porque son una forma de “protección subsidiaria”, además de ser el sistema más cercano, sencillo de utilizar y el que mejor entiende la realidad latinoamericana.
“Incluso, para el Estado venezolano es beneficioso ser parte del Sistema Interamericano, porque te indica que eres parte de la comunidad internacional, y al mismo tiempo el Estado puede, por ejemplo, solicitar apoyo o asesoría técnica en materia de derechos humanos, reenviar casos donde otros Estados hayan cometido violaciones de derechos humanos”, apostilló.
