La escena tenía la pinta de una redada para capturar a un cartel. El 5 de abril, policías ecuatorianos, cubiertos con balaclavas y con escudos antimotines en las manos, llegaron en camiones blindados a arrestar a Jorge Glas. Pero Glas no es líder de ninguna pandilla, es el exvicepresidente de Ecuador.
Se refugió en diciembre en la Embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, para evitar que lo arrestaran por cargos de corrupción, y recibió asilo. El Gobierno de Ecuador irrumpió en el lugar de cualquier manera y se lo llevó.
México condenó el arresto, al que calificó de “acto autoritario” y retiró a su personal diplomático. La acción de Ecuador en contravención de las normas diplomáticas ocurre en un momento en que la inviolabilidad de los inmuebles de las embajadas sufre cada vez más presiones. Unos días antes de la incursión, el Gobierno iraní le advirtió a Israel que sus embajadas “ya no eran seguras”, después de que un ataque aéreo que se sospecha fue ordenado por Israel destruyó un edificio consular iraní en Damasco, la capital de Siria. ¿Qué protecciones se les han concedido a las instalaciones diplomáticas y por qué importan?
Las normas que estipulan el tratamiento que los Gobiernos deben darles a las embajadas extranjeras vienen de siglos atrás. Los Gobiernos de la antigua Grecia y de Roma les concedieron protecciones a los enviados extranjeros y a sus misiones. En 1961, esas reglas quedaron formalizadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En su artículo 22, esta norma establece que las instalaciones diplomáticas son inviolables. Ni la policía local ni las fuerzas de seguridad deben ingresar a una embajada sin el consentimiento del embajador o jefe de misión.
El país anfitrión tiene la obligación de proteger las instalaciones. Las personas que trabajan entre sus muros no pueden quedar sujetas a juicio de conformidad con la legislación del país anfitrión. Algunos Gobiernos se quejan de que esta estipulación les permite a las embajadas alojar a personajes de mala fama. Pero las reglas son importantes: les permiten a los diplomáticos trabajar sin temor de sufrir acoso o ser tomados como rehenes, además de que pueden ayudar a mantener la estabilidad entre países con relaciones tensas.
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Contravenir el principio de inviolabilidad puede tener consecuencias graves. El Departamento de Estado de Estados Unidos considera cualquier ataque contra sus embajadas un ataque contra el propio país. De hecho, el estatus especial de las embajadas solo se ha puesto a prueba de manera grave en contadas ocasiones. En 1979, con apoyo del nuevo Gobierno islámico revolucionario de Irán, activistas estudiantiles treparon la barda de la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a más de 50 diplomáticos estadounidenses durante 444 días. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo rápido contra Irán. Las relaciones entre estos dos países nunca se han recuperado e Irán todavía es un paria en el contexto internacional.
Algunos Gobiernos han intentado castigar con mano dura los abusos contra la inviolabilidad. Tras el asesinato de Yvonne Fletcher, una policía asesinada en una plaza de Londres en 1984 por un tirador que estaba en la Embajada de Libia, el Reino Unido aprobó una ley que permite eliminar las protecciones de instalaciones diplomáticas si se les da un mal uso. Hasta la fecha, esa legislación se ha utilizado solo en una ocasión, para retirar a invasores que se habían apropiado de la Embajada de Camboya, que tenía mucho tiempo desocupada.
El Gobierno británico consideró aplicar la ley de nuevo en 2012 cuando Julian Assange, fundador de WikiLeaks, buscó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar que lo extraditaran a Suecia con cargos de abuso sexual (más adelante se retiraron los cargos, pero la policía británica arrestó a Assange luego de que Ecuador revocó su asilo en 2019, y se encuentra en una batalla por su extradición a Estados Unidos, donde lo acusaron de hackear computadoras del Gobierno).
También la legislación internacional prevé excepciones a la inviolabilidad. La Convención de Viena solo hace referencia a las responsabilidades del país anfitrión, pero no estipula nada con respecto a un ataque de un tercero. Además, de conformidad con las leyes de conflictos armados, las embajadas pierden sus protecciones si se emplean con fines militares.
Así que el ataque reciente contra el consulado de Irán en Damasco podría ser legal; un portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes describió el anexo destruido como un “edificio militar [...] disfrazado como edificio civil”. Irán podría tratar de decir, falsamente, que lo mismo pasa en el caso de las embajadas israelíes y que los ataques en su contra deberían justificarse también.
México anunció que presentará una denuncia contra Ecuador ante la CIJ. Es probable que la corte falle a su favor, pero quizá no tenga muchas opciones para castigar a Ecuador. Otros países han condenado la incursión, lo que podría ser señal de que se le impondrá una serie de sanciones al país sudamericano. Ecuador también podría ser expulsado de la Organización de los Estados Americanos, un foro regional. Pero el presidente autócrata de esa nación, Daniel Noboa, parece estarle apostando a que esa incursión le dé más popularidad al interior del país. Espera que haberle echado el guante al desacreditado exvicepresidente le haga ganar una reputación de ser duro contra el crimen. Sin embargo, también genera más anarquía a nivel global.
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