S&P Global Ratings ve positivamente el renovado interés de Chile por las reformas económicas, y dijo que son fundamentales para acelerar el crecimiento y mantener los niveles de deuda bajo control.
El crecimiento de Chile se “latinoamericanizó” en la última década, desacelerándose a niveles de sus pares regionales, dijo Sebastián Briozzo, jefe de soberanos de América Latina de S&P. Ahora, el gobierno debe encontrar acuerdos políticos para avanzar las reformas tributarias y de pensiones, dijo, al tiempo que advirtió que ningún proyecto de ley por sí solo tiene el potencial de cambiar la calificación de Chile.
“Lo más importante es que haya consenso en la clase política respecto a reformas que permitan consolidar la estabilidad macro de Chile”, dijo Briozzo en una entrevista. “Seguir aumentando el gasto social, creciendo al 2,5% va a ser difícil. Entonces esa agenda microeconómica tiene que volver”.
La agencia, que revisará la calificación soberana de Chile el mes que viene, actualmente asigna una nota “A” para la deuda en moneda extranjera de la nación, la más alta de Latinoamérica y por encima de otros países con niveles de riqueza similares. Sin embargo, en octubre del año pasado modificó la perspectiva de esa calificación de “estable” a “negativa”, citando el débil consenso político para sacar adelante una nueva legislación.
El proceso político muestra algunas nuevas señales de movimiento. El Congreso dio su aprobación final el miércoles a una ley de cumplimiento tributario que debería aumentar los ingresos públicos en un 1.5% del producto bruto interno (PBI), unos US$ 4,500 millones.
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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aún tiene que presentar un segundo proyecto tributario más amplio, después de que la versión original fuera rechazada el año pasado.
También es probable que los senadores entreguen el texto de un proyecto de reforma de las pensiones a la Cámara Baja antes de enero. El país lleva más de una década tratando de sacar adelante una reforma al sistema.
Una ola de descontento social sacudió a Chile en octubre de 2019, la cual llevó a más de dos años de debate para elaborar una nueva Constitución. Al final, dos bocetos diferentes de la carta magna fueron rechazados por los votantes, abriendo la posibilidad de retomar la agenda económica.
“El mantenimiento de un sólido colchón fiscal y externo sigue siendo importante para la calidad crediticia de Chile”, afirmó Briozzo.
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