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Organizaciones de la sociedad civil brasileña en la región Noreste del país se manifestaron contra la implantación de un proyecto petrolero y otro de energía eólica, liderados por empresas extranjeras, que, según estudios, atentan contra las comunidades locales y las especies animales.
La Carta Abierta de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, que reúne 75 organizaciones de los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahía, Río Grande do Norte y Ceará, comenzó a circular este domingo en un llamado a las autoridades para revisar la licencia ambiental para una explotación petrolera marítima.
La petrolera estadounidense Exxon Mobil, responsable de la iniciativa en el litoral del estado de Sergipe, según el manifiesto, “no consultó a todas las comunidades implicadas”, principalmente pescadores y asentamientos indígenas y de afrobrasileños que habitan en 80 municipios impactados en la región.
En la Carta Abierta, las comunidades, universidades, asociaciones y grupos científicos que la respaldan piden que los pueblos impactados sean “consultados previamente, de forma libre, espontánea y de buena fe”, como prevé para este tipo de obras la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es signataria.
El Ministerio Público Federal (MPF) recomendó a la Justicia suspender la audiencia virtual de representantes de la sociedad civil con la compañía, prevista para el 14 de septiembre, para que sea realizada bajo los parámetros de la OIT. El inicio de las obras está programado para el actual semestre.
En un comunicado Exxon indicó que sigue las orientaciones del estatal Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama, regulador) -que se posicionó a favor de la audiencia el 14 de septiembre sin las normas de la OIT- y “la prioridad”, según la compañía, “es preservar la salud y seguridad de la comunidad y el medioambiente”.
La manifestación ocurre exactamente 2 años después del derramamiento de crudo en 11 estados del litoral brasileño, cuando toneladas de petróleo mancharon playas y dejaron centenas de animales marinos muertos, en un hecho que todavía no fue esclarecido por las autoridades.
Guacamayas azules
De otro lado, en la misma región Noreste, otro grupo civil se ha movilizado a través de la recolección de firmas en la plataforma Change.org para pronunciarse sobre una iniciativa de energía eólica que, de acuerdo a investigaciones, pone en peligro a una especie amenazada de guacamayos azules.
El complejo eólico de la multinacional francesa Voltalia, cuyas obras comenzaron en el municipio de Canudos, estado de Bahía, impacta “una región considerada como el último refugio del guacamayo azul ‘de-lear’, una especie rara, endémica de Brasil y en peligro de extinción”, dijo a EFE la bióloga Glaucia Drummond.
La especie de guacamayos azules medianos, es diferente de los más pequeños que inspiraron la película de animación “Río” -que están prácticamente desaparecidos- y de los mayores que habitan el Pantanal.
Los “de-lear” fueron redescubiertos hace casi 4 décadas en Bahía y ahora se teme que las aves, en su búsqueda por alimentos en la zona de bosques, se puedan chocar con las 81 torres eólicas y morir en gran cantidad, explicó Drummond, superintendente de la Fundación Biodiversitas, entidad que pide mayores estudios del proyecto.
En más de 30 años de actuación en Canudos, detalló la bióloga, la población de ese tipo de guacamayos azules pasó de 40 aves para las actuales 2,000 y por eso es “urgente” replantear el proyecto, que generó un manifiesto que alcanzó ya más de 50,000 firmas de apoyo en Brasil, Estados Unidos, Francia, Canadá e Inglaterra.
La multinacional consideró “legítima” la reivindicación e indicó que prevé reducir el funcionamiento de los aerogeneradores y utilizar pintura especial para evitar la aproximación de las aves, argumentos que, de acuerdo con Drummond, son “insuficientes” y deben ser más sustentados por la comunidad científica internacional.
El manifiesto para la exigencia de un estudio ambiental más completo, como recomendó también el Ministerio Público, favorable a la suspensión de las obras, fue movido por Biodiversitas y la activista y estudiante de enfermería veterinaria Náthaly Marcón, de 18 años.
