Sanciones, la respuesta internacional a una cantada reelección de Ortega

La comunidad internacional ha respondido con un buen número de condenas y sanciones a las acciones contra la oposición por parte del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que muy probablemente tendrá que afrontar el rechazo en el exterior a su cantada victoria en los comicios del domingo.

Sanciones y condenas que se han centrado en denunciar la violación de los derechos humanos y las detenciones múltiples de opositores, entre ellos siete posibles candidatos presidenciales.

Con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) dispuestos a endurecer sus medidas, Ortega puede enfrentar, en el ámbito político, la ausencia del reconocimiento internacional de su triunfo, y, en lo económico, una mayor supervisión de los préstamos concedidos por organismos internacionales, entre otras medidas.

También instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado el actuar de Managua, aunque no descartan otras acciones después del domingo.

Bajo la lupa internacional

Desde abril del 2018, cuando estallaron unas protestas antigubernamentales en ese país, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido objeto del escrutinio internacional por la represión de las movilizaciones que, según organismos de derechos humanos, dejó cientos de manifestantes presos, muertos o desaparecidos, así como miles de heridos.

También las detenciones de opositores durante la presente campaña electoral fueron respondidas con contundencia por distintos países.

Sin embargo, no lograron la liberación de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, aspirantes a candidatos presidenciales acusados de “traición a la patria”. Ellos son parte de la treintena de opositores arrestados desde mayo pasado en ese país.

De cara al domingo, la comunidad internacional no parece dispuesta a tolerar la esperada victoria del líder nicaragüense, quien aspira a su quinto mandato de cinco años, el cuarto de forma consecutiva y segundo junto con Murillo.

Consultado por Efe, un portavoz del Departamento de Estado ratificó que “Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas” de las que dispone “para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”.

Según el funcionario, las sanciones no pretenden “castigar” sino provocar un “cambio positivo en el comportamiento”, y dejó claro que un alivio de estas medidas estará disponible para quienes “hagan contribuciones significativas para restaurar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”.

A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.

La iniciativa fue convertida en ley por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021).

Pero no ha sido la única herramienta de Washington. En el último año, bajo la Administración del demócrata Joe Biden, el Departamento del Tesoro ha designado a decenas funcionarios nicaragüenses y sus familiares, así como a allegados a Ortega, entre ellos su hija, Camila Antonia Ortega Murillo.

Más mano dura

Y en previsión de la jornada electoral, el Congreso estadounidense avaló finalmente este miércoles la denominada ley “Renacer” (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral), que permitirá aumentar las sanciones al Gobierno de Ortega.

En la misma orilla se situó la Unión Europea, que abrió la puerta a adoptar nuevas sanciones contra el país centroamericano tras unas elecciones que Bruselas considera “falsas”.

“Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones”, dijo este miércoles Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

De aprobarse una nueva ronda de sanciones, se añadirían a las que la UE tiene ya en vigor en contra 14 personas en Nicaragua y que el mes pasado extendió hasta octubre del 2022, al constatar que el Gobierno de ese país ha “acelerado la represión, prohibiendo partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil”.

El régimen de sanciones aprobado por los países de la UE en el 2019 ha alcanzado a Murillo y altos cargos de ese país. Las medidas van desde la inmovilización de los bienes que los afectados pudieran tener en la UE hasta la prohibición de viajar o transitar por ese territorio.

Por su parte, Canadá se ha sumado a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta y su hija Camila Ortega Murillo, “en respuesta a las violaciones de derechos humanos”.

Un diálogo transaccional

Para Manuel Orozco, analista del centro de estudios estadounidense Diálogo Interamericano, las sanciones “van a tener un peso fuerte” no en el contexto político, sino en el económico.

A su juicio, estas medidas se pueden traducir en una posible “restricción del acceso a financiamiento para el endeudamiento del Estado” y para seguir manteniendo el gasto público.

“Eso va a ser relativamente difícil la gobernabilidad de Nicaragua en los próximos 10 meses, por lo menos”, apuntó Orozco.

Y ante una perspectiva postelectoral, el experto no descartó que Ortega busque impulsar un “ejercicio de diálogo nacional” en el que trate de hacer una “negociación transaccional de liberar a los presos a cambio de algún reconocimiento, por lo menos tácito, de su periodo presidencial”.